José G. García López

Tribuna Invitada

Por José G. García López
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El recorte de las pensiones

La discusión pública en torno al recorte de las pensiones a los servidores públicos requiere ponerla en un contexto de beneficio-costo, como he planteado en otras ocasiones. Este instrumento metodológico que provee la ciencia económica nos permite evaluar la viabilidad socioeconómica de las alternativas a considerar para la asignación de recursos públicos. La idea que se persigue es seleccionar aquellas alternativas o propuestas de políticas públicas que obtenga el mayor beneficio neto (beneficio-costo) para la sociedad.

Es lamentable que el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal no hayan realizaran un análisis ponderado de beneficios y costos de los recortes propuestos a las pensiones. Solo conocemos que el Fondo General se va a ahorrar alrededor de $220 millones, lo cual representa un 2 por ciento del presupuesto para el año fiscal 2019-20. Si tomamos este estimado de ahorro como uno de los supuestos “beneficios” de dicha política de austeridad y lo comparamos con los costos socioeconómicos; veremos que el beneficio neto sería muy oneroso e insostenible para la sociedad puertorriqueña.

Por ejemplo, se estima que en promedio los pensionados generan un gasto de consumo promedio anual de alrededor de $13,000, lo que representa un impacto directo de cerca de $2,200 millones e indirecto de $1,800 millones, para un impacto total de $4,000 millones o el 6 por ciento de nuestra economía. Por ende, el recorte del 10 por ciento propuesto a las pensiones tendría un costo de alrededor de $400 millones anuales, lo cual es mayor al beneficio estimado. No perdemos de vista que los pensionados forman parte de un segmento poblacional que representa un 24 por ciento (798,000 personas) o casi una cuarta parte de la población de la isla.

Cabe destacar que en Puerto Rico existen 331,386 personas mayores de 60 años (39.6%) que viven bajo el nivel de pobreza, según la Encuesta de la Comunidad del Censo Federal para el año 2017. Si consideramos que el promedio de los pensionados públicos vive con un ingreso de $1,100 o menos, lo que equivale casi al umbral de la pobreza, un recorte en su pensión para aquellos que están por encima de este nivel haría ellos que cayeran bajo el nivel de pobreza. De ocurrir este escenario, el cual es uno muy probable, las repercusiones socioeconómicas serían devastadoras ya que agravaría las condiciones de salud y bienestar de los pensionados. Esto representaría otro costo indirecto que debemos incorporar a nuestro análisis y que tendría serias repercusiones fiscales.

En resumen, el análisis preliminar de beneficio y costo del recorte de pensiones nos indica un “beneficio neto negativo” y por tanto no se justifica esta propuesta. Además, los altos costos sociales que representa para la sociedad podrían repercutir en mayores asignaciones presupuestarias futuras.

Esperamos que el gobierno de Puerto Rico y la Junta de SupervisiónFiscal tomen nota de esto antes que sea muy tarde para lamentarlo.

El autor es profesor en el Departamento de Economía y la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.

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lunes, 10 de junio de 2019

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