Jorge R. Roig

Punto de Vista

Por Jorge R. Roig
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El remedio tiene que ser político

El Tribunal Supremo federal escuchó argumentación oral sobre la constitucionalidad de los nombramientos a la Junta Fiscal bajo la ley federal Promesa. En su gran mayoría, la discusión giró en torno al carácter de las funciones y poderes concedidos a la Junta Fiscal. Pareció haber en general un consenso entre los jueces en cuanto a la importancia de establecer si dichas funciones y poderes son primordialmente de carácter local o de carácter nacional. Bajo el primer supuesto, los nombramientos resultarían válidos; bajo el segundo supuesto, resultarían nulos. Hasta ahí, no hubo sorpresas.

Sin embargo, llamó la atención la participación del juez Kavanaugh. En particular, dicho juez hizo una serie de preguntas relativas al remedio apropiado si el Tribunal determinara que los nombramientos fueron hechos de modo inconstitucional. 

El juez Kavanaugh primeramente expresó su preocupación en cuanto al efecto que tal determinación podría tener sobre la legitimidad constitucional del puesto de gobernador de Puerto Rico, y de todos los demás funcionarios que dicho gobernador a su vez nombra a los cargos en el gobierno puertorriqueño. 

Su interés en discutir este asunto podría ser indicio de que, en la mente de dicho juez, sí existe la posibilidad de que los nombramientos a la Junta Fiscal hayan sido contrarios a la Cláusula de Nombramientos de la Constitución federal. Dado los matices ideológicos que ha desplegado el juez Kavanaugh anteriormente en su carrera judicial, un voto para declarar los nombramientos a la Junta Fiscal inconstitucionales sería definitivamente una sorpresa.

En segundo término, el juez Kavanaugh exploró la posibilidad de emitir un remedio menos drástico que la nulidad de los nombramientos. Planteó dicho juez que también podría ser meritorio permitir que los miembros de la Junta Fiscal continúen en sus cargos, pero despojándolos de cualesquiera poderes y funciones de carácter nacional. En otras palabras, propuso como una opción que los miembros de la Junta Fiscal continúen en sus cargos, pero limitándose al ejercicio de aquellas funciones y poderes delegados que sean de carácter local. Una vez más, intriga pensar por qué el juez Kavanaugh se preocupó tanto durante la argumentación por discutir el remedio aplicable de encontrar el Tribunal que los nombramientos fueron hechos de modo inconstitucional.

Definitivamente, este asunto de los remedios amerita ponderación. Porque, al fin y a la postre, ¿cuál es el remedio que andan mendigando las partes en este caso?

Si el Tribunal Supremo federal anula estos nombramientos, ¿qué ocurriría entonces? ¿Se haría la Ley Promesa sal y agua? ¿Dejaría el gobierno estadounidense de controlar los asuntos de política pública de Puerto Rico? ¿Llovería como maná del cielo sobre todos los puertorriqueños la tan añorada igualdad y soberanía? Claro que no. Se corregiría el proceso de nombramientos, y se impondría una vez más la voluntad política estadounidense sobre la puertorriqueña.

Porque lo que se discutió hoy ante el Tribunal Supremo fue un asunto eminentemente procesal. La sustancia del problema, la subordinación de la voluntad política del pueblo puertorriqueño, quedó, como de costumbre, en el limbo. En este sentido, lo que no parece acabar de entenderse es que la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos es, valga la redundancia, por aquello de remachar lo que no debería ser tan difícil de comprender, un asunto político. 

En el Derecho Constitucional se discute con frecuencia la dicotomía entre los remedios judiciales y los remedios políticos. Por más de un siglo, los puertorriqueños hemos intentado resolver un asunto político en los tribunales. Esto ha sido tarea fútil. El remedio que añoramos es de carácter político, no judicial. Por ello, cuando la representante legal de la UTIER dignamente sacó a relucir cómo el andamiaje entero de nuestra situación colonial está anclado en los Casos Insulares, la reacción del juez presidente Roberts fue predecible y contundente: “Yo simplemente no veo la pertinencia de los -- de los casos insulares” (traducción nuestra).

Si los puertorriqueños queremos igualdad y soberanía no es en los tribunales que tenemos que ir a buscarla. Es en el ruedo político. Es en las calles. Si algo debemos aprender del tan mentado Verano del 2019 es precisamente que la acción política, concertada, persistente, unificada, es lo único que logrará cambios definitivos en nuestra realidad de país.


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