José E. Muratti Toro

Punto de vista

Por José E. Muratti Toro
💬 0

El residenciamiento de Trump o la defensa del imperio de la ley

“…the demon of faction will… extend his scepter over all the numerous bodies of men”.

- Alexander Hamilton

El Federalista, Ensayo No. 65

El jueves 31 de octubre de 2019, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, bajo el liderato de Nancy Pelosi, aprobó una resolución a los efectos de “dirigir a ciertos comités para que continúen sus investigaciones en proceso como parte de la actual investigación de la Cámara de Representantes sobre si existen motivos suficientes para que la Cámara de Representantes ejerza su poder constitucional para acusar a Donald John Trump, presidente de los Estados Unidos de América, y para otros fines”. La votación se dividió por líneas partidistas: 232 demócratas a 196 republicanos. Hubo una abstención republicana y tres demócratas en contra, incluyendo a la candidata a la nominación para la presidencia Tulsi Gabbard (demócrata por Hawái).

La decisión de la Cámara de comenzar la recopilación de datos (“inquiry”) sobre las actuaciones del presidente comenzó durante la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones del 2016, dirigida por Robert Mueller. Los hallazgos de Mueller, que incluyen al menos diez instancias en que el presidente “abusó de su poder”, no dieron paso a una acusación por las mismas como resultado de la adhesión de Mueller a un memorando interno del Departamento de Justicia que establece que no se puede acusar a un presidente en funciones.

El informe de Mueller, de unas 448 páginas, resultó demasiado voluminoso y técnico para que el público en general presionara a sus legisladores y le diese seguimiento a los hallazgos. El informe contiene resultados detallados, incluyendo las 34 acusaciones, ocho convicciones y pormenores de los informes de los servicios de Inteligencia que confirmaron que, en efecto, los rusos intervinieron en las elecciones invadiendo los servidores de cómputos del Partido Demócrata y enviando mensajes pro-Trump y anti-Clinton por las redes sociales.

Ante la falta de una amplia reacción de la ciudadanía, se citó a Mueller a comparecer ante el Congreso para detallar los hallazgos. La deposición resultó ser tan monótona y legalista que el público tampoco reaccionó adversamente, a pesar de que Mueller dijo que “si hubiese concluido que el presidente no cometió delito, lo hubiese informado”. Con esta rebuscada articulación se abstuvo de decir lo obvio: “el presidente cometió delitos, pero siguiendo las reglas en vigor contenidas en el mencionado memorando, se decidió no radicar cargos”.

Un gran número de representantes demócratas comenzaron a exigir que se residenciara al presidente. Nancy Pelosi, la primera mujer en presidir la Cámara, se resistió arguyendo que un residenciamiento (“impeachment”) dividiría aún más la nación. Además, el Senado, dominado por los republicanos, anticipó, no lo declararía culpable, independientemente de lo que se pudiera probar en el juicio político, como dicta la Constitución. Pelosi insistió en que la remoción de Trump debería ocurrir en las urnas en el 2020.

A pesar de que el informe de Mueller demuestra que Trump conspiró, al menos a través de terceros, con los rusos, así como que obstruyó la justicia despidiendo al director del FBI y forzando la renuncia del Secretario de Justicia Jeff Sessions, entre otras instancias, Trump cantó victoria y convenció a su base electoral de que, en efecto, no cometió delito y que todo había sido una cacería de brujas. Inclusive su llamado a Rusia en un mitin durante la campaña para que encontrara los 30,000 emails de Hillary Clinton que ésta había borrado de sus computadoras, fue tratado como una impertinencia de Trump y no como el delito de solicitar a un gobierno extranjero que interviniera en las elecciones de EEUU a favor de Trump y en contra de su contrincante, una acción ilegal de acuerdo tanto con la Constitución como por la ley electoral en vigor. Los rusos invadieron los servidores del Partido Demócrata solo horas después del llamado de Trump.

Un año más tarde, la estrategia de Pelosi de negarse a endosar el residenciamiento reclamado por un nutrido grupo de demócratas ha tenido el resultado que, con toda probabilidad, ella esperaba. Trump, envalentonado por, a su entender, haber derrotado al incontrovertible Mueller, volvió a solicitar ayuda a dos gobiernos extranjeros, se ha informado en prensa, para mancillar la imagen, esta vez, de su más temido contrincante para el 2020: el exvicepresidente Joe Biden. Esta vez, trató de extorsionar al recién electo presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, para que investigara a Biden y a su hijo Hunter, por supuesta corrupción en Ucrania. También ha salido a relucir que Trump le hizo una solicitud similar al presidente Xi de China.

Esta vez, a diferencia de la primera en que solicitó dicha ayuda extranjera, un/a miembro de la Agencia Central de Inteligencia supo por fuentes secundarias sobre la condición que Trump le quiso imponer a Zelensky a cambio de ayuda militar para Ucrania. El/la agente, en calidad de informante anónimo (“whistleblower” en inglés), reveló por escrito la acción del presidente. “O llevas a cabo las investigaciones y dices públicamente que estás investigando a los Biden o la ayuda militar no les llegará”, habría sido el mensaje implícito en la llamada telefónica de Trump y explícito de boca de Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, así como de Gordon Sondland, embajador de los EEUU en la Unión Europea y, posiblemente, varios otros oficiales vinculados a la Casa Blanca, incluyendo al secretario de Energía, Rick Perry y el vicepresidente Mike Pence. El informante anónimo está cobijado por una ley federal que impide que se revele su identidad y se tomen represalias en su contra. Trump y los republicanos han estado tratando de identificarlo.

La noticia de lo revelado por el informante anónimo invadió los medios a mediados de octubre y desde entonces, no menos de trece funcionarios de carrera han desafiado las órdenes de Casa Blanca y han comparecido ante los Comités de Inteligencia, Justicia y Supervisión de la Cámara para brindar testimonios que corroboran lo revelado por el informante. Como resultado, el jueves 31 de octubre, la Cámara en pleno pasó la resolución para que se continúe investigando las actuaciones de Trump a fin de determinar si estas constituyen delito(s) y proceder a redactar artículos de residenciamiento a tenor con las disposiciones de la Constitución para remover de su puesto a cualquier funcionario gubernamental que haya cometido “crímenes y delitos menores” (“crimes and misdeamenors”).

Un aspecto fundamental de la investigación por parte de la Cámara y del juicio por parte del Senado es que no se trata de un juicio criminal, sino de un juicio político, que no debe confundirse con el concepto de política partidista. El término político lo explica Alexander Hamilton, en El Federalista (“Federalist Papers” en inglés), una colección de artículos escritos por el propio Hamilton, John Jay y James Madison, y publicados bajo el pseudónimo Plubius, en los periódicos de la ciudad de Nueva York entre octubre de 1787 y agosto de 1788. Su propósito fue complementar aquellos aspectos de la recién aprobada Constitución que carecían de suficiente detalle como para permitir dirimir diferencias entre individuos, corporaciones y el gobierno.

Dadas las pasiones que generaría el juicio de un miembro de un partido político, resulta indispensable que el juicio se realice mediante la recopilación de prueba de la Cámara más representativa de la totalidad del pueblo, la de Representantes, y que el jurado lo componga la totalidad de la cámara que representa los sectores más ilustrados de la sociedad, el Senado. Este modelo copia la versión británica de una Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lords, los representantes desde el 1648 de la aristocracia y la burguesía letrada. Hamilton propuso, y así fue adoptado, que el presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio con el Senado en calidad de jurados.

A nuestro entender, la resolución de la Cámara, astutamente impulsada por Nancy Pelosi y el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, pretende: 1) minimizar el reclamo del Partido Republicano (GOP en inglés) de falta de transparencia; 2) provocar el “circo” que ha llevado a cabo un nutrido grupo de representantes, que será neutralizado por las declaraciones televisadas de los testigos; y 3) realizar un pre-juicio o simulacro de juicio que revele lo que iría al Senado con varios propósitos.

En primer lugar, evitaría que Mitch McConnell pueda presentar una moción para cancelar el juicio tan pronto se someta al Senado, como se ha propuesto. En segundo lugar, descubrir los testigos y métodos que utilizaría el GOP durante el juicio en el Senado, para preparar el caso desde el punto de vista acusatorio que realizaría la Cámara por medio del Comité de la Judicatura.

En tercer lugar, se pretende provocar a Trump, quien no suele reservarse “el derecho a permanecer callado” toda vez que “cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia” como reza la Advertencia Miranda, toda vez que Trump querrá “confrontar” a sus acusadores, abriendo la puerta para que se le someta a contrainterrogatorio. 

Finalmente, le permitiría a la Cámara contrastar su compromiso con la defensa de la Constitución con la defensa de Trump por parte del Partido Republicano.

El residenciamiento de Donald Trump representa la primera vez que Estados Unidos necesita defender el modelo republicano que les convirtió en el sistema de gobierno a emular en todo el mundo. Haciendo acopio de los conceptos de la Ilustración que subvirtieron el orden hegemónico establecido por el poder monárquico, avalado por el eclesiástico, se estableció un modelo de gobierno republicano con la misión de representar, en igualdad de condiciones, a todos los miembros de su sociedad. Para asegurar que ninguna facción se impusiera sobre las demás, dicho sistema de gobierno se dividió en tres ramas: la legislativa, compuesta por Cámara y Senado, y considerada por los fundadores como la verdadera representante “del pueblo”; la ejecutiva a cargo de implantar las leyes y reglamentos redactados y/o aprobados por la legislatura; y la judicial que, en la medida en que sería propuesta por el ejecutivo pero confirmada por el Senado, derrotaría cualquier intento de una de las dos ramas de nombrar jueces que respondieran a los intereses del partido que ocupase la legislatura y el ejecutivo. La historia ha demostrado que el resultado de esa disposición no se ajustó a la imparcialidad que pretendía el diseño.

El nuevo orden dispuesto por la Constitución legitimó que, a diferencia del pasado religioso y monárquico, en la república, el poder estaba fundamentado y permanecería a perpetuidad regido por el imperio de la ley, en vez del imperio de los seres humanos, aristócratas o religiosos. Entonces llegó Donald John Trump.

La presidencia de Trump ha demostrado cómo, con el cetro con que gobierna el demonio de la cábala, como advirtió Hamilton en El Federalista (1961. P. 401), un partido puede dominar dos ramas del gobierno y asegurarse de nombrar jueces alineados con sí mismo, incluyendo en el Tribunal Supremo, para violentar los derechos de la minoría partidista y las minorías ciudadanas.

Justificándose con el poder que le otorga el Artículo II de la Constitución, los abogados de Trump han llegado a argumentar en corte que el estado no tiene el derecho de acusar al presidente y ni tan siquiera intervenir para detenerlo en medio en la comisión de un delito. La famosa jactancia de Trump de que podía “dispararle a alguien en la Quinta Avenida y no perdería ni un voto” se convirtió en argumento para, en efecto, colocar al presidente “sobre la ley”. Bajo su mandato, ya no prevalecería el imperio de la ley, sino el imperio del gobernante.

La resolución del 31 de octubre de la Cámara de Representantes tiene como propósito que esta aspiración del presidente no se convierta en la realidad y que Trump termine gobernando por su propio decreto a la primera república en regirse por el imperio de la ley.

El fracaso de esta gestión legislativa condenaría a los EEUU a una dictadura por voto popular, en efecto, una tiranía, como las de Rusia, Turquía o China.

Otras columnas de José E. Muratti Toro

jueves, 24 de octubre de 2019

Un golpe de estado “light” a la vista de todos

Estamos presenciando un golpe de estado en cámara lenta, lo cual, saturados como estamos por los atropellos y disparatadas acciones del presidente, comenzamos a ignorar, sostiene José Muratti Toro

jueves, 17 de octubre de 2019

La traición de Trump a los kurdos

El profesor José Muratti argumenta sobre el impacto de la decisión de Donald Trump de retirar todas las tropas estadounidenses del norte de Siria

sábado, 12 de octubre de 2019

Las preferencias de las mayorías y la democracia

Aprender, reflexionar, enseñar a pensar críticamente (no a criticar, sobre todo sin fundamento o reflexión) resulta indispensable como vacuna contra un totalitarismo cada vez más atractivo a nivel mundial, plantea José E. Muratti Toro

miércoles, 25 de septiembre de 2019

Crónica de un residenciamiento anticipado

José Muratti Toro explica la secuencia de hechos que condujeron a la presidenta de la Cámara federal, Nancy Pelosi, a iniciar un proceso de residenciamiento contra Donald Trump

💬Ver 0 comentarios