José Curet

Tribuna Invitada

Por José Curet
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El resultado electoral es un legado del pasado

Ante la sorprendente victoria en Estados Unidos de Donald J. Trump, un candidato a quien ninguna encuesta favorecía, muchos se preguntan cómo pudo salir electo un candidato quien sin haber obtenido la mayoría del voto popular resultó ganador por los votos del ¨colegio electoral¨. Nada nuevo, pues algo similar ocurrió en las elecciones de 2000, cuando  por un margen  mucho mayor de votos populares, Al Gore salió derrotado al concedérsele el estado de Florida a su contendiente, George W. Bush.

Para entender cómo y por qué se diseñó ese sistema del ¨Colegio Electoral¨, muy distinto al que se practica en casi todos los gobiernos democráticos, habría  que remontarse a los inicios de la nación norteamericana y  las discusiones de aquellos ¨founding fathers¨ hacia fines del siglo 18.

Usualmente se explica señalando que fue ideado para atemperar la cantidad de población originaria del noreste con aquella otra que se estaba integrando al anexarse nuevos estados en la frontera suroeste.  Así, hasta hoy, quienes eligen al presidente son los compromisarios o delegados de cada estado (incluido Washington D.C.). Estos delegados, iguales al número de sus representantes y senadores en el Congreso, se comprometen entonces a dar sus votos por el candidato favorecido por los electores  de sus respectivos estados.

Pero por qué hoy, podemos preguntarnos, aquel famoso grito de los albores de su pasado, ¨one man, one vote¨, no ha hecho eco en su historia moderna, cuando no todos los votos de los estados tienen igual peso.

Y para sorpresa de muchos la razón hay que buscarla en la esclavitud y su legado. Así lo explica  el profesor Akhil Reed Amar, catedrático de derecho constitucional en Yale University. En un artículo publicado recientemente en Time, Reed Amar nos recuerda, que cuando James Wilson proponía  el voto directo, James Madison, del estado esclavista de Virginia, le ripostaba, “el derecho al sufragio era mucho más extensivo en estados del norte que en los del sur, en donde estos estados podrían no influir la elección dada la cantidad de negros”. Así el estado de Virginia se convirtió en el ganador. Más tarde, señala el profesor Reed Amar, el Colegio Electoral permitiría a los estados sureños contar dentro de su población al número de sus eslavos, pero deduciéndolo dos quintas partes de su total.

Pero ese discrimen al contabilizar electores elegibles al voto no fue exclusivo de Norteamérica. En la España del siglo 19, por ejemplo, se suscitó una discusión similar. En 1836, fallecido el rey y en la regencia de Maria Cristiana Borbón se propuso un Estatuto Real, donde habría dos estamentos. En un inicio Puerto Rico y Cuba  pudieron elegir y enviar a representantes al estamento de procuradores. Pero entonces al percatarse de que en sus colonias el número de esclavos y sus descendientes sobrepasaban por mucho al resto de  la población, dieron marcha atrás y enviaron  nuestros dos diputados de vuelta a casa.  “Los diputados de las provincias ultramarinas”, señala el historiador J. Pique, fueron excluidos y se acordó separarlos del gobierno común, pretextando la diversa composición  de su población”. 

Al mandarlos de vuelta les prometieron que les enviarían unas Leyes Especiales, las cuales nunca llegaron. Justo treinta años más tarde volvieron a convocar una Junta de Reformas, la cual tampoco prosperó. Fue justamente la frustración ante aquellas promesas incumplidas una de las causas que promovería nuestro primer brote insurreccionario en Lares. 

Quizá hoy, podamos pensar que todo esa historia, como agua pasada, ya no mueve molinos. Pero basta recordar que aquí durante décadas del siglo pasado, bajo la dominación norteamericana, el poder de nuestros representantes electos estuvo siempre restringido.  Aquella Cámara de Delegados(creada bajo la Ley Foraker), aunque electa por sufragio masculino universal, apenas tenía poder, pues estaba subordinada a la autoridad de un Consejo Ejecutivo y un gobernador,   no electos, y por el presidente. Los delegados entonces, con De Diego a la cabeza, optaron por irse de brazos caídos y no aprobar el presupuesto; la enmienda Olmstead, fijando el presupuesto anterior, le quitó aún más poder a nuestros delegados.

La Legislatura bicameral electiva, creada por la Ley Jones, trató de atemperar aquellas anomalías. Si bien desde mediados del siglo pasado nuestro sistema electoral se ha ampliado y hasta ahora se había registrado una nutrida participación electoral, todavía el poder del voto no siempre determina la voluntad expresa.   Podemos elegir un gobernador, pero en otras consultas, como aquella de limitar nuestros cuerpos legislativos a una sola cámara, aunque favorecida por un amplio margen, nunca llegó a implementarse. Igual suerte han corrido siempre todas las consultas de estatus.

Hoy, como si estuviese lloviendo sobre mojado, la recién nombrada Junta de Supervisión Fiscal, parece conducirnos a los tiempos de la Ley Foraker. Como entonces, puede legislar el presupuesto por encima de nuestros cuerpos electivos.

Y mientras en Estados Unidos, por un arcaico sistema, regirá un presidente sin contar con la mayoría del voto popular, aquí también nos habrá de regir una Junta impuesta sin consultar a la población, como un legado del pasado. 

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