Kenneth Rivera Robles

Tanque de ideas

Por Kenneth Rivera Robles
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El reto fiscal del 2020

Durante el año 2020 continúa el reto impuesto bajo la Ley Promesa de lograr cinco presupuestos balanceados bajo el monitoreo de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En el área contributiva hay varios elementos que afectan la estabilidad de los recaudos proyectados por la JSF como parte de dicho proceso.

Para el año fiscal 2019-2020 nuestro presupuesto consolidado es de $26,503 millones. Este presupuesto contiene tres componentes principales: $9,051 millones del Fondo General donde se incluyen las contribuciones impuestas por el gobierno central, $8,711 millones de fondos especiales estatales que incluyen las tarifas que cobran las corporaciones públicas por sus servicios y $8,741 de fondos federales. Estos números son estimados al momento de la preparación del presupuesto.

Para el año 2018-2019 el Fondo General se proyecta en $11,300 millones sujeto a revisión final cuando se emitan los estados financieros auditados. Fue un aumento sustancial en los recaudos y de acuerdo al presupuesto no parece que será recurrente. Por los últimos 20 años dicho fondo usualmente oscilaba entre $7,000 y $8,000 millones. Desde el año 2015-2016 este se había mantenido en $9,000 millones. Este fondo ha ido en aumento a pesar de la reducción en población y la falta de crecimiento económico. El incremento ha sido principalmente por el aumento de contribuciones que incluyen la adopción y posterior aumento del IVU, la imposición del arbitrio de 4% a las compañías foráneas y la adopción temporera de la patente nacional. También, pero a menor escala, debe haber algún impacto por mejoras en fiscalización y, en años recientes, la entrada de ciertos fondos de reconstrucción.

El 10 de diciembre de 2018 se firmó la Ley 257-2018 (la Reforma Contributiva de 2018) que aplicaba desde el año calendario 2019. Se estimó que esta iba a proveer beneficios de $890 millones a los contribuyentes. Ahora dicha ley aumentaba los requisitos de fiscalización y el efecto neto se había informado que sería de $300 millones. Esos $300 millones se suponía se recuperarían de recortes en los créditos bajo el Código de Incentivos (Ley 60 de 1 de julio de 2019), pero dichos recortes no ocurrieron. Así que hay una deficiencia de $300 millones que podía aumentar a $890 si las medidas de fiscalización no rinden el resultado esperado.

Recientemente, la Legislatura aprobó los Proyectos de la Cámara 2172, 2210 y 2286 que hacen enmiendas adicionales en nuestro sistema contributivo. En una carta del 25 de noviembre de 2019, la JSF presentó una preocupación sobre estas, pues no se incluyeron los estimados del efecto en los recaudos, así que no podemos determinar el efecto económico de dichas medidas.

La Ley 154-2010 impuso el arbitrio de 4% a las corporaciones foráneas que compran a afiliadas locales. Este impuesto originalmente duraría cinco años, pero se extendió su vigencia por 16 años. Este arbitrio genera recaudos de $2,000 millones anuales (22% del Fondo General). El grueso de la imposición recae sobre unos 15 contribuyentes, lo que representa un gran riesgo de concentración.

Una porción sustancial de este impuesto se acredita para fines de contribuciones federales. Existe una preocupación de si el Tesoro Federal continuará permitiendo dicho crédito. Esto es un reto monumental pues nuestro presupuesto depende grandemente de dicha imposición. El Plan Fiscal emitido por la JSF el 9 de mayo de 2019 ya había estimado que esta partida podría sufrir una reducción de 42% para el 2024, lo que representaría una reducción de casi $900 millones a nuestro presupuesto. Corresponde al gobierno local hacer gestiones agresivas y eficientes para proteger este crédito y proteger el respectivo recaudo.

En el Financial Services and General Government Appropriations Bill 2020 (Report 116-122) la Cámara de Representantes Federal discutió el uso de las leyes 20 y 22 por personas que eran residentes de EE.UU. Un ciudadano de EE.UU. que viva en Puerto Rico no paga impuestos federales por su ingreso de Puerto Rico. Al Congreso le preocupa que personas dejen de pagar impuestos de EE.UU. por mudarse a Puerto Rico para recibir beneficios de la leyes 20 y 22. El Congreso solicitó al Servicio de Rentas Internas Federal (IRS) un inventario de tales personas que se mudaron de EE.UU. a Puerto Rico. El 20 de diciembre de 2019 varios representantes federales emitieron un comunicado de prensa sobre dichas preocupaciones.

La Ley 20-2010 cubre exportación de bienes o servicios, mientras que la Ley 22-2010 cubre el ingreso pasivo de personas que se mudan a Puerto Rico.

Recientemente, Estudios Técnicos realizó un análisis de estos grupos. Bajo la Ley 20-2010 se entiende que hay 1,891 decretos que generan recaudos fiscales de $210 millones anuales a un costo al erario por impuestos no pagados de $111 millones. Bajo la Ley 22-2010 hay 2,612 decretos que pagan impuestos de IVU y propiedad de unos $49 millones anuales con un costo al erario de $29 millones. Estos últimos han hecho inversiones de capital de $678 millones y han creado 4,400 empleos.

Ambas exenciones aparecen como que rinden un gran beneficio a uno costo relativamente bajo. De ser eliminadas el fondo general podría sufrir una reducción neta de $120 millones.

Hay factores no contributivos que pueden tener gran efecto en nuestro presupuesto, incluyendo la falta de crecimiento económico, la situación fiscal municipal y los retos en el acceso a fondos federales. Se debe aprovechar la oportunidad para hacer cambios decisivos que nos permitan crear certeza en nuestro presupuesto. Ya tenemos tasas impositivas demasiado altas e impuestos nocivos como el del inventario. Por lo que aumentar o crear impuestos no debe ser una alternativa para evitar el reto fiscal del 2020.

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