Alexandra Fernández

La opinión experta

Por Alexandra Fernández
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El rol del regulador en el mercado de las telecomunicaciones

Alexandra Fernández

En días recientes hemos visto noticias sobre la fusión de T-Mobile US, Inc. y Sprint y la compra de AT&T Puerto Rico por parte de Liberty Latinoamérica, lo que nos lleva a examinar el rol que juegan los reguladores de telecomunicaciones en estos procesos.


Jurisdicción federal

En el ámbito federal, por virtud de la Sección 214 de la Ley de Comunicaciones de 1934, según enmendada y las Secciones 63.03 and 63.04 del Código Federal de Regulaciones, es la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) el ente que evalúa la transferencia de activos o del control corporativo en fusiones o adquisiciones de compañías de comunicaciones que prestan servicios interestatales, en un plazo autoimpuesto no compulsorio de 180 días, usando el criterio del impacto al interés público en la transacción doméstica o internacional. Este impacto se mide en efectos, tales como la descontinuación, la reducción o el deterioro del servicio.

La aprobación o desaprobación de la transferencia de activos o control corporativo puede contener aquellos términos y condiciones que, a juicio de la agencia, sean indispensables para salvaguardar la conveniencia y necesidad pública. Entre los términos más comunes a ser impuestos está el deshacerse de activos (“divestiture”) para evitar el monopolio o control de mercado. Justamente por esto, la división contra Monopolios del Departamento de Justicia federal muchas veces entra a evaluar la transacción para asegurar que las condiciones de una competencia libre y justa en el mercado se mantengan. Como sabemos, la sana competencia se refleja en opciones para el consumidor en el comercio, mejores precios y la calidad de servicio. Contrariamente, la concentración del poder de mercado trae confabulaciones de fijación de precios y actos depredadores diseñados para lograr o mantener el poder de monopolio.

En el caso de la fusión de T-Mobile y Sprint, aprobada en días recientes por la FCC, la división federal contra monopolios llevó un pleito junto con los secretarios de Justicia de Florida, Kansas, Louisiana, Nebraska, Ohio, Oklahoma y Dakota del Sur, (U.S. and Plaintiff States v. Deutsche Telekom AG), cuya transacción obligó al despojo de ciertos activos a favor de DISH Network Corporation, entre otros términos, consistentes en una cantidad del espectro y las compañías afiliadas de teléfonos prepagos de Sprint, entre ellas, Boost Mobile, Virgin Mobile y Sprint Pre-Pago, con tal de proteger la competencia entre las compañías de telecomunicaciones con facilidades propias. La transacción promueve que proveedoras como DISH diversifiquen su ofrecimiento de servicios, y pasen a ser un nuevo competidor en la industria de telecomunicaciones.

En el pasado, entes como el Negociado de Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP) y la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia de Puerto Rico han comparecido ante la FCC, y junto con la división contra monopolios federal, han expresado su posición en cuanto a distintas fusiones y compras de compañías de telecomunicaciones. Sirven de ejemplo la venta de AT&T Inc. y Deutsche Telekom AG (2011), la cual fue retirada voluntariamente por las partes, y Telecomunicaciones de Puerto Rico, Inc., Verizon Communications, Inc. to America Móvil, S.A. de C.V. (2007), transferencia que fue aprobada condicionadamente. Una de las condiciones más importantes impuestas fue que América Móvil invirtiera $1,000 millones durante cinco años para mejorar el servicio en Puerto Rico.


Jurisdicción local

En el mercado local existen dos cedazos para velar por el interés público en transacciones corporativas de proveedoras que brindan servicios intraisla, es decir, servicios que se brindan solamente dentro de Puerto Rico. En primera instancia, la evaluación la ejerce el Negociado de Telecomunicaciones, la cual asegurarse que la política se cumpla, concretamente, asegurar la disponibilidad del más amplio número de posibilidades competitivas en la oferta de servicios y facilidades de telecomunicaciones; promover la competencia y utilizar las fuerzas del mercado como factor primordial en la determinación de precios, términos, disponibilidad y condiciones de servicio; garantizar el disfrute del servicio brindado sin temor de interrupciones o interferencias irrazonables; garantizar que no se descontinuará el servicio a ningún usuario sin mediar justa causa y, en todo caso, solamente después de una notificación adecuada. La segunda evaluación recae en la JRSP como ente revisor de las órdenes, resoluciones, decisiones y determinaciones finales del Negociado de Telecomunicaciones.

Como podemos observar, el interés público lo vindican estos foros, así como otras entidades pro-consumidor tales como el National Association of State Utility Consumer Advocates (NASUCA) y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) de la JRSP, que con la aprobación de la Ley 17-2019 tiene a su cargo orientar y representar a los consumidores tanto del Negociado de Energía, Telecomunicaciones y Transportación y Otros Servicios en los procesos que los atañen. Dicho esto, los entes reguladores deben brindar amplia oportunidad para que haya una participación ciudadana efectiva sobre cómo las fusiones y compraventas les afectan.

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