Carlos Pérez Morales

Tribuna Invitada

Por Carlos Pérez Morales
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El saqueo en la AEE

Primero nos dejaron saber que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentaba insuficiencia de fondos, luego nos anunciaron que se le cerró el crédito en Wall Street. Sus bonos bajaron hasta considerarse “chatarra”. Ya no podían continuar tomando dinero prestado para sus operaciones. Al final la AEE fue declarada en bancarrota. Ahora nos dicen que ya no tienen fondos para comprar petróleo y amenazan con cerrar sus servicios.

La jueza Laura Taylor Swain, encargada de todo lo relacionado judicialmente de la Junta de Supervisión Fiscal, le autorizó un préstamo de parte del fondo general del gobierno de Puerto Rico de $300 millones de dólares. Me pregunto cómo fue posible que sus administradores permitieran que la AEE llegara hasta esa debacle.

La Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1942, creó la Corporación de la Autoridad de Fuentes Fluviales.

El gobierno compró poco a poco las distintas compañías privadas que funcionaban en la isla y producían energía, y  y creó un monopolio estatal.  Este organismo producía la energía de fuentes hidroeléctricas. Se crearon alrededor de la isla una serie de embalses que permitieron la generación de energía hidroeléctrica.

La AFF fue instrumental en el crecimiento y desarrollo económico y social de Puerto de Puerto Rico.  En 1979 se conoció como Autoridad de Energía Eléctrica, según la Ley 57 del 30 de mayo de 1979. Esta corporación produce la energía utilizando petróleo para su generación. Esta corporación se convirtió en un refugio de “batatas políticas” durante las diferentes administraciones de los los dos partidos políticos que han gobernado a Puerto Rico.  Este hecho es la razón principal de la ineficiencia de muchos de sus empleados.  Como resultado de esta intromisión política, su gerencia intermedia creció de una forma casi exponencial, por lo tanto la nómina de la empresa aumentó enormemente.

Durante diferentes administraciones, la agencia otorgó grandes bonificaciones a los empleados gerenciales.  Tal práctica llegó al descaro de otorgar enormes bonos a su principal administrador por concepto de “productividad”.  Realmente se trataba de que el funcionario realizara el trabajo por el cual ya le pagaban un jugoso sueldo y recibía un bono extraordinario. Estos bonos de premiación llegaron a ser de más de $300,000.

La enorme politización en la entidad dificulta sus operaciones. Por otro lado, los distintos partidos políticos que han ostentado el poder, nombran allí a personas cuya única responsabilidad es recoger dinero para su partido entre los empleados. Estos recaudadores, por lo regular, integran la gerencia intermedia de la Autoridad. 

Desconocemos el alcance que pudo tener la mala práctica de que una misma persona fungiera como compradora del petróleo utilizado por la Autoridad durante 27 años.

Pero lo peor que le pudo suceder a la Autoridad de Energía Eléctrica fue el abandono de su mantenimiento.  Esta falta de mantenimiento la denunció por años el sindicato de la UTIER.

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