Eudaldo Báez Galib

Tribuna invitada

Por Eudaldo Báez Galib
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El Senado claudicó

     La Comisión Estatal de Elecciones y el Tribunal Supremo invadieron la autoridad constitucional del Senado al atender la controversia sobre la “Ley de Minorías”. Tanto el cuerpo saliente como el entrante dieron la espalda, por inacción o desconocimiento, a la responsabilidad seminal de la Rama Legislativa consignada en la Sección 9 del Artículo III, que lee: “Cada cámara será el único juez... del escrutinio de su elección”.

     Aunque la Rama Legislativa puede delegar sus funciones, como lo hizo mediante la Ley Electoral—procesar la elección, realizar la matemática de esa y certificar los resultados—no así la contenida en esta controversia, identificada por la Presidenta de la CEE, como girando “alrededor de la figura de los partidos de minoría” y cómo se afecta la composición del Cuerpo cuando resulta electo un candidato independiente y otro de un partido que no queda inscrito.

     Nótese lo evidente. La Rama Legislativa solo delegó lo que le es físicamente imposible, que es montar y administrar la elección de sus miembros y recibir una certificación de los resultados. No delegó una determinación de cómo se interpreta la Cláusula Constitucional sobre adición de miembros y mucho menos definir lo que es un partido de minoría en el contexto de la Cláusula. Permitió, así, el Senado, la imposición de cómo se constituye constitucionalmente a sí mismo.

     Para los Miembros de la Constituyente, ese principio de “juzgar el escrutinio” era tan claro que ni se explicó en el Informe Sobre la Rama Legislativa, así dicho expresamente. Tan celosos eran, que no aceptaron la recomendación de los asesores para que esa facultad fuera asignada a la Rama Judicial. 

     El propio Dr. Figueroa, en una de las pocas ocasiones que se debate el asunto, exige que se enmiende la Sección para que “quede claro que cada cámara será el único juez en lo que respecta la elección”. Jaime Benítez explicó que no era necesario porque así se entiende, y el Dr. Figueroa accedió.

     Esa disposición no es invento nuestro. Era la Sección 32 de la Ley Jones de 1917 que a su vez la tomó de la Constitución de Estados Unidos. Sobre ello sentenció el Juez Scalia, en su muy citada opinión cuando fue Juez del Circuito de Apelaciones, reconocida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que los tribunales no tienen jurisdicción. En Puerto Rico, en un caso contra el Gobernador Swope en 1941, por haber aceptado la renuncia de un candidato electo a la Cámara la cual aún no se había constituido, nuestro Tribunal Supremo rechazó que la renuncia se debió haber presentado al Cuerpo pues no tenía que ver con el “escrutinio”.

     La intervención judicial sí procede, pero luego que el cuerpo legislativo decida, y solo para juzgar si los procesos se ajustaron a los derechos protegidos por la Constitución. 

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