Ángel Collado Schwarz

Tribuna Invitada

Por Ángel Collado Schwarz
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El Senado federal y Puerto Rico

El Senado de Estados Unidos es probablemente la institución política más poderosa del mundo. Los fundadores de la nación la visualizaban con un corte aristócrata, no elegida por el pueblo, como en el caso de la Cámara de Representantes . No fue hasta 1913 que el Congreso enmendó su Constitución para permitir que el pueblo, en lugar de las legislaturas estatales, eligiese a los senadores.

Estos se eligen por términos de seis años y nunca puede cambiar la composición del cuerpo en más de una tercera parte. La Cámara se elige en su totalidad cada dos años.

El Senado es el cuerpo que confirma al gabinete ejecutivo, los embajadores, generales y almirantes, fiscales y jueces federales, y aprueba los tratados.

En caso de buscar el residenciamiento del presidente, una vez es acusado por la Cámara, el Senado se convierte en el cuerpo de jueces del procedimiento legal.

El Senado es una institución poco democrática. Por ejemplo, los dos senadores del estado de California que representan a sus casi 40,000,000 de ciudadanos tienen el mismo poder que los dos senadores que representan a los 500,000 residentes de Wyoming.

La relación de Puerto Rico con el Senado, en el que los puertorriqueños no tienen representación alguna, ha sido tormentosa desde sus inicios. El controversial Tratado de París mediante el cual España cedió Puerto Rico a Estados Unidos recibió finalmente en 1899 la aprobación del Senado por escasamente un voto. Muchos senadores se oponían al nuevo rol “imperialista” que estaba asumiendo su nación.

La primera ley orgánica presentada por el senador Joseph Foraker fue aprobada en el Senado (40-31) luego de un sinnúmero de discusiones y de excluir la otorgación de la ciudadanía estadounidense a los residentes.

La ley Jones de 1917 fue aprobada luego que el senador Asle Gronna de Dakota del Norte exigiera que se incorporara la prohibición del alcohol. Tanto el gobernador Arthur Yager como el presidente Woodrow Wilson se oponían a incorporar una prohibición que perjudicaría la economía de la Isla, particularmente la industria del ron y del azúcar.

El senador prevaleció con el respaldo de los religiosos y moralistas. Esta aprobación sirvió de antesala a la prohibición del alcohol en Estados Unidos en 1920.

El proceso de aprobar la Constitución de Puerto Rico en 1952, ratificada en un referéndum por el pueblo de Puerto Rico y endosada por el presidente Harry S. Truman, también fue tormentosa. El Congreso revisó arbitrariamente la Constitución y eliminó la sección 20. El senador Olin Johnston de Carolina del Sur fue uno de los miembros que se pronunciaron más vociferantes y arrogantes contra Puerto Rico.

El proyecto Fernós-Murray en 1959 fue el primero de varios intentos fallidos de revisar la Ley 600 y la relación con la metrópolis.

En 1989 el presidente George H. W. Bush, endosando la estadidad, propuso un plebiscito autoejecutable. La iniciativa fue respaldada por el liderato político de la isla y por la Cámara federal. Luego de meses de vistas públicas, el proyecto murió en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado sin poder superar una votación de 10-10. Puerto Rico nunca ha estado tan cerca de resolver su status político.

Iniciativas como el Proyecto Young (1998) aprobado por un voto en la Cámara, luego de un esfuerzo abrumador y costoso del gobierno de Rosselló-Romero, fue ignorado por el Senado.

Recientemente, la presidenta del Comité del Senado responsable por Puerto Rico, Lisa Murkowski, adelantó que el status de Puerto Rico no está en la agenda de su comité.

Perdida su utilidad geográfica militar y con el historial de una relación tormentosa, ¿surgirá un detonante que convierta a Puerto Rico en una prioridad para la poderosa institución política del Senado federal?

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