Eduardo Villanueva

Punto de vista

Por Eduardo Villanueva
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El Senado y la voluntad popular

Nuestro pueblo esperaba que el Senado de Puerto Rico hiciera valer los criterios que el país le ha dado, de lo que es justo y necesario para una vida digna. Para ello, los senadores (as) tenían que tener como primera agenda los intereses de Puerto Rico y no los suyos. 

Los que actuaron en forma crítica con el proceso y en tiempo, cumplieron su deber. Todo esto estaba en juego cuando los convocaron para evaluar el nombramiento de Pedro Pierluisi como secretario de  Estado. Pierluisi ha sido un funcionario público y un profesional en el sector privado, con luces y sombras. Siendo secretario de Justicia no siempre investigó causas criminales cuando estas podían afectar a su partido. 

No se le atribuye que usara ese puesto para enriquecerse o para encubrir actos delictivos, mucho menos para realizar él actos que pudieran considerarse delitos. En ese sentido, fue superior a otros secretarios de su propio partido. Apoyó el Gasoducto que el pueblo rechazó masivamente. Igual, el proyecto de las cenizas y la creación y aprobación de la Junta de Control fiscal, que ha venido implementando una agenda neoliberal que afecta derechos adquiridos del pueblo, especialmente en el área laboral.

Varias veces acudió a la ONU a denunciar el sistema colonial de Puerto Rico, desafiando con ello la posición de EE.UU., de que la relación política de nuestra patria es un asunto interno entre ambos países. De igual modo, apoyo constantemente y contra la voluntad de algunos personeros de su partido, el reclamo de nuestro pueblo para que se excarcelara a Oscar López. Es una persona inteligente, tenaz, estudiosa y que aparenta estar  dispuesta a escuchar a su pueblo, aun cuando su ideología, pueda estar en desfase con reclamos de justicia social y de sectores desventajados del pueblo. Cuando los intereses del pueblo conflijan con los intereses de grupos e intereses económicos poderosos, él tendrá que tomar partida en ese conflicto superando su pragmatismo. 

Reconocemos que la Cámara de Representantes asumió su responsabilidad, lo evaluó en varias áreas, ejerciendo su juicio crítico y finalmente, lo endosó como secretario de Estado. Para eso estaba convocada en tiempo la Asamblea Legislativa, en sesión extraordinaria, previa a la renuncia prospectiva del gobernador Ricardo Rosselló. El liderato del Senado abdicó esa responsabilidad al posponer la evaluación y votación. Ya no tiene jurisdicción para evaluar nada porque no está convocado para ello. Lo estaba para evaluar al secretario de Estado. Esa plaza está vacante y no hay en la Constitución, ni en ley alguna, facultad para ratificar o colgar el nombramiento de un gobernador, que es el puesto para el cual juramentó, el Lcdo Pierluisi, el día  que renunció el gobernador anterior. La judicatura, si aparece alguien con legitimación activa, será quien decida si un secretario de Estado, nombrado en  receso, puede sustituir al gobernador en caso de renuncia. 

El gobernador Pierluisi será tan legítimo, en última instancia, como lo sean sus actuaciones en defensa del pueblo, frente a la Junta, en protección del ambiente, de los derechos adquiridos de los pensionados y los derechos adquiridos de los trabajadores. Si la vanidad lo obnubila, se apagará más pronto que el sol de Heráclito. El tiempo dirá, si el Lcdo. Pierluisi obedece a antiguos genes y compromete su futuro político con la nación puertorriqueña y no con la elite de grandes intereses.

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