Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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El sorpresivo e impactante informe de Justicia

Una cosa es “chatear” por diversión o por negocios, y otra es utilizar esta herramienta de comunicación para politiquear y violar leyes y cánones de ética.

El informe del Departamento de Justicia sobre dos controvertidos “chats”, en los que un juez en funciones oficiales participó en 1,889 ocasiones, sacudió esta semana los cimientos de la administración de Ricardo Rosselló Nevares.

El llamado caso del “chat electoral” lo hizo público el 5 de febrero pasado el senador popular Aníbal José Torres y fue creciendo como una gran bola de nieve al involucrar a funcionarios cercanos al gobernador, a los que Justicia señaló por nombre y apellido y refirió a diversos organismos investigativos. El de mayor rango, William Villafañe, presentó de inmediato su renuncia como secretario de la Gobernación, mientras que a varios otros, Rosselló Nevares los destituyó.

Aunque ya la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) había rendido un informe sobre la participación impropia del ahora depuesto juez superior Rafael Ramos Sáenz, el informe de Justicia es el que realmente sacude al gobierno de Rosselló Nevares porque pone en contexto el escándalo y el rol que desempeñó cada uno de sus actores.

Representan un rudo golpe a la credibilidad del gobierno y, específicamente, de Rosselló Nevares los señalamientos de Justicia contra Villafañe, la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García; la directora de Transformación y Eficiencia de la oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román; la jefa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio, y el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Yoniel Arroyo Muñiz. Todos fueron relevados de sus cargos por Rosselló Nevares tras la aceptación de la renuncia de Villafañe.

Resulta especialmente preocupante el señalamiento hecho por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, en el caso de García, que además de haber podido incurrir en perjurio, trató de intimidarla en el curso de la investigación, lo que podría acarrear cargos de obstrucción a la justicia, intervención indebida e intento de intimidación a la titular de Justicia. García fue referida tanto a la Oficina del Fiscal Especial Independiente como a las autoridades federales.

También habrá que seguir de cerca el desarrollo del referido de 15 abogados al Tribunal Supremo para posibles acciones disciplinarias, principalmente debido a que en el grupo figura el procurador general, Luis Román Negrón, de quien la secretaria Vázquez inexplicablemente se expresó en términos elogiosos y prácticamente absolutorios. El Procurador General es el funcionario encargado de llevar al Supremo las violaciones éticas de los abogados.

Pero la pesquisa de Justicia y su derivación a otros organismos investigativos no será todo lo que entrañe este escándalo pues están pendientes aún las investigaciones de la Comisión Estatal de Elecciones y del Senado. La de la CEE es especialmente importante porque de ella pueden surgir detalles de los delitos electorales que pudieran atisbarse en las conversaciones por internet entre el juez Ramos Sáenz, García y otros participantes del “chat”, en el que el magistrado aparece consultando decisiones a tomar en su carácter de presidente de la Junta Local de Moca durante la campaña electoral de 2016.

Ciertamente, el informe de Justicia parece haber tomado por sorpresa a la administración de Rosselló Nevares, que no anticipaba un resultado tan impactante como el que ha producido al desmantelar, literalmente, el equipo más cercano al gobernador en La Fortaleza.

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