Joanne M. Rodríguez Veve

Tribuna Invitada

Por Joanne M. Rodríguez Veve
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El Tribunal entró a la Iglesia

La mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico insiste en el error. Así quedó manifestado el pasado 11 de junio cuando, por voz del juez Estrella Martínez, emitió la opinión sobre el caso de las pensiones de los maestros de las escuelas católicas.

El Tribunal disolvió todo argumento ante sí referente a la intromisión del Tribunal en los asuntos atinentes a la organización interna de la Iglesia Católica, arguyendo que la controversia ante su consideración “está enmarcada en asuntos externos de la Iglesia Católica”, y que es “una disputa de índole puramente contractual”.

Con su argumento, el alto foro judicial perdió de perspectiva la diferencia entre la naturaleza de una reclamación y la naturaleza de la controversia que se ventila. Ciertamente, la reclamación de los demandantes es de tipo civil. No obstante, al dicha reclamación exigir contestarse la pregunta: ¿A quién -si alguien- en la Iglesia Católica le toca responder?, inexorablemente tienen que entrar en un análisis que toca el fuero interno de dicha Institución religiosa.

Específicamente, el Tribunal tiene que contestarse, primero, quién es la Iglesia Católica en Puerto Rico y, segundo, cómo está organizada jurídicamente. La Iglesia Católica en Puerto Rico es la misma Iglesia Católica que existe alrededor del globo terráqueo. Ahora bien, para propósitos de organización interna, así como sucede en los diversos territorios del mundo donde tiene presencia, esta se organiza y es representada a través de distintas entidades jurídicas reconocidas por el Derecho Canónico. Algunas de esas personas jurídicas son: arquidiócesis, diócesis, órdenes religiosas, escuelas católicas y asociaciones de laicos.

La peculiaridad de dicha organización interna es que, si bien todas estas personas jurídicas son parte de la Iglesia Católica Universal, tienen, por reconocimiento legal canónico, personalidad jurídica independiente en el territorio específico en el que se encuentran. A manera de ejemplo, la Diócesis de Arecibo es una entidad jurídica separada e independiente de la Diócesis de Ponce y, por lo tanto, la Diócesis de Ponce no responde por las decisiones del Obispo de Arecibo y viceversa. Si el Estado no reconoce la personalidad distinta de cada entidad jurídica eclesial, la Iglesia Católica sería ingobernable, pues sería imposible fijar límites de responsabilidad para cada uno de sus actores. Así, por ejemplo, se podría plantear el absurdo de que, el embargo emitido por el Tribunal puede ejecutarse contra los bienes de los fieles, pues, ellos también son la Iglesia Católica.

Al Tribunal insistir en que dichas estructuras canónicas no tienen personalidad jurídica civil distinta, sino que son “meras fragmentaciones indivisibles de la personalidad jurídica que posea la Iglesia Católica”, le está usurpando a esta la facultad de definir su estructura interna y organizacional, en clara violación a nuestro ordenamiento constitucional y en contradicción a su propio argumento de que no tienen ante sí un asunto de carácter interno.

Con esta opinión el Tribunal entró a la Iglesia.

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