Eduardo Villanueva

Punto de vista

Por Eduardo Villanueva
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El Tribunal Supremo Federal y nuestro destino

Analicemos la cubierta noticiosa sobre la vista de Aurelius y la impugnación que hizo, gallardamente, la Utier de la ley Promesa y de las actuaciones de la Junta de Control Fiscal. Se plantea que la ley Promesa es inconstitucional porque viola la separación de poderes y que los nombramientos de los miembros de la junta fueron hechos de manera inconstitucional porque violaban la ley de nombramientos federal al no ser enviados al Senado para su confirmación. La Junta lleva tres años operando y ha hecho varias decisiones de política pública y transacciones al amparo de la ley Promesa para refinanciar la deuda pública. Las preguntas de los jueces a los abogados ponentes ya reflejan el posible resultado del caso.

El Dr. José Trías Monge, en su libro sobre la Teoría de la adjudicación, dice que los jueces, cuando analizan un caso, primero razonan cuál va a ser su decisión para fijarla y luego buscan los fundamentos para adjudicarla (pág. 207 de la obra de Trías, citando a Llewellyn y Holmes, teóricos sobre la teoría del derecho). Lo ocurrido ayer en Washington es ejemplo de lo dicho. Los jueces declinaron analizar la doctrina de los Casos Insulares y la teoría de que Puerto Rico es una posesión de Estados Unidos sobre la cual el Congreso federal puede legislar, incluso de manera discriminatoria. Dirigieron sus preguntas a forzar una conclusión de que las motivaciones de Aurelius eran económicas, motivadas por pérdidas o ganancias. 

A varios de los abogados ponentes se les dirigió a aceptar la teoría novel de que los miembros de la Junta fueron designados para hacer tareas locales en el territorio y no tareas federales, con el obvio propósito d excluirlos de la ley  de nombramientos federal. Ello dirigido a que se pueda concluir que no tenían que ir al Senado para su confirmación. Parece ser que la revocación del decreto de inconstitucionalidad sobre los nombramientos de la Junta de Control que emitió Boston está escrita en la pared. Vemos jueces orientados hacia lo que estiman conveniente para su nación y su gobierno, buscando legitimar su decisión con argumentos y teorías ya pensadas y elaboradas. 

Alguien pudiera argumentar que es método socrático, motivando que se provea a los jueces argumentos en contrario para revertir su pensamiento de legitimación de la constitucionalidad de los miembros de la Junta. Se puede argumentar sobre la base de la esperanza infinita pero no lo creo, parece obvio que la suerte sobre la legitimación de la Junta y sus actuaciones tiene un rumbo ya trazado. Son jueces en su mayoría formalistas, apegados a la letra de la ley positiva y legislada. Son jueces originalistas, que interpretan la Constitución federal como se escribió y se pensó en el principio por los padres fundadores de la república naciente.

Son juristas que, puestos a decidir entre derechos individuales de ciudadanos de un país que es un territorio noincorporado, una posesión que pertenece a la federación, pero no es parte de ella, decidirán lo que más convenga a la nación norteamericana, no al territorio. El imperio de la ley para ellos no es trato igual ante la ley, ni la protección a la dignidad del ser humano. El criterio rector es lo que dicte el Congreso federal, que es el cuerpo electo por sus constituyentes. Lo que más convenga a la nación, que es la suma de las partes. La lucha para descolonizar no es judicial, tiene que ser en el Congreso, en el ejecutivo, en la comunidad internacional y en última instancia, en las calles de la patria sujeta al coloniaje.

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