Alvin Padilla Babilonia

Punto de vista

Por Alvin Padilla Babilonia
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El Tribunal Supremo se reivindica

El 14 de julio, diez días antes que Rosselló renunciara, advertíamos que “la Ley del Orden de Sucesión del Gobernador tiene un serio problema constitucional que, en caso de controversia entre la Asamblea Legislativa y un secretario de Estado convertido en gobernador por esa vía, correspondería al Tribunal Supremo resolver”. Jamás imaginamos que el asunto llegaría al Tribunal Supremo. Mucho menos que el Tribunal se reivindicaría en una decisión unánime.

El Tribunal Supremo se ha equivocado en muchísimas ocasiones. Muchos habían perdido la fe en que los jueces podían ser consistentes y que pondrían su lectura del derecho por encima de la política del momento. Muchos otros estábamos en camino a perderla. Según una encuesta de valores, el 63% de la ciudadanía tiene poca o ninguna confianza en los tribunales. Poco a poco perdíamos la fe en el sistema de justicia, así como el resto del país pierde fe en sus instituciones.

La decisión unánime reconociendo que el licenciado Pedro Pierluisi no podía ocupar constitucionalmente la silla de gobernador no va a borrar las letras del tomo Decisiones de Puerto Rico, donde el Tribunal publica sus determinaciones. Pero al defender nuestra Constitución por encima de la política del momento y los llamados a la “estabilidad”, el Tribunal optó por salvaguardar el diseño constitucional y los principios democráticos que establece. Nueve jueces pusieron a un lado sus diferencias ideológicas para resolver de forma unánime que la Constitución también existe para limitar los peores impulsos de los que pretenden gobernarnos. 

Muchos se preguntarán por qué debemos celebrar la decisión del Tribunal. Después de todo, Pierluisi ha tenido y aún tiene cierto respaldo ciudadano, mientras que Wanda Vázquez es una figura totalmente ajena al ruedo electoral. Otros se preguntarán cuál es la diferencia, ya que ambos fueron confirmados por solo una cámara legislativa.

El problema está en que Pierluisi solo podía llegar al poder si se ignoraba el texto, la estructura y la historia de nuestra Constitución que establecen que el secretario de Estado necesita confirmación de la Cámara y el Senado. Bajo la teoría legal de Pierluisi, cualquier gobernador podía elegir a su sucesor unilateralmente, sin que el pueblo participe indirectamente a través de sus representantes. El Tribunal rechazó esa teoría. Decidió que el sucesor del gobernador debe tener una base democrática mínima para estar en la línea de sucesión.

Mucho se va a discutir en los próximos meses y años sobre la Constitución de Puerto Rico. Si es deseable enmendarla o preferible crear una nueva. Por mucho que hay que celebrar la decisión del Tribunal, la gobernadora de Puerto Rico será una persona que no fue electa por la ciudadanía. Eso también deberá modificarse, pues idealmente el sucesor del gobernador debe ser una persona electa. 

Sin embargo, más allá de cambiar el texto constitucional también debemos apreciar aquello que funciona en nuestra cultura constitucional y permite que un Tribunal resuelva conforme con nuestros principios constitucionales, incluso cuando parte de la ciudadanía y las elites sociales puedan desear algo distinto. Debemos aspirar a tener una Constitución más democrática, pero sin menospreciar que nuestra tradición constitucional llevó a una persona a abandonar la silla de la gobernación en La Fortaleza debido a la opinión de nueve jueces plasmada en un papel.

El licenciado José Bernardo Márquez es coautor de esta columna.

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