Brenda Mirabal

Tribuna Invitada

Por Brenda Mirabal
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El último viento huracanado azota las estadísticas

En este momento, cuando vivimos una de las peores crisis económicas y sociales en la historia de Puerto Rico, se ha sometido un proyecto de ley en el Senado de Puerto Rico, el P. del S. 809 o “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del  Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018” que de ser aprobado, será devastador. 

Aunque tiene “el propósito de ejecutar y dar cumplimiento al Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio adoptado al amparo de la Ley 122- 2017,” reduce al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, entidad autónoma de la Rama Ejecutiva, a un mero programa del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), con un mandato expreso al secretario del DDEC de externalizarlo inmediatamente.  ¿Qué significa esto para nuestro país?

En primer lugar, sepultará los logros alcanzados durante la pasada década por el equipo especializado del Instituto en la recopilación de datos estadísticos confiables de las agencias del gobierno de Puerto Rico.  Este equipo profesional realizó una tarea monumental de armonizar los diferentes métodos de recopilación de datos de cada agencia, que desde antaño producían datos estadísticos poco fiables, escasos, tardíos, incompletos, incompatibles e incomparables entre agencias. 

Todos conocen la importancia de tener datos estadísticos confiables y comparables para solicitar fondos externos, para evaluar el impacto de proyectos implantados, para estudiar los problemas sociales, la violencia y los homicidios, y evaluar el progreso programático de las agencias.  Al convertir el Instituto en un programa del DDEC, las prioridades cambiarán según las necesidades de ese departamento, obviando otras áreas de interés público.

En segundo lugar, sin datos estadísticos confiables, no se pueden tomar decisiones informadas que sirvan de guía al desarrollo e implantación de estrategias que promuevan el desarrollo económico, la creación de empleos, el bienestar social, físico y emocional de la población, y la reducción de la violencia y criminalidad. 

Por último, la independencia y autonomía del Instituto ha facilitado la colaboración con las agencias, uniformar procesos de recopilación de datos y el acceso público de informes periódicos sobre la labor gubernamental. 

Convertirlo en un programa servirá para imponer nuevas barreras a su labor y complicar los procesos administrativos.  Peor aún, el mandato de externalizarlo introduce otras variables de gran preocupación: quién será el comprador, sus competencias, su agenda y su padrino.

Este proyecto es el último viento huracanado de María, y estamos a tiempo de detenerlo.

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