William Vázquez Irizarry

Punto de vista

Por William Vázquez Irizarry
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El uso de poderes de emergencia

Las emergencias generan no solo retos a la seguridad y salud de la ciudadanía, sino también a la manera correcta y juiciosa de responder por parte de los funcionarios. De repente, enfrentan situaciones que requieren una acción inmediata y la emergencia se presenta como justificación para omitir procesos ordinarios y actuar con pocas restricciones.

Tras los recientes eventos sísmicos, la gobernadora Vázquez Garced firmó varias órdenes ejecutivas que pretenden suspender el efecto de algunas leyes y, en específico, permiten que el gobierno contrate sin cumplir requisitos dispuestos por ley. Para esto invoca el Art. 6.10 de la Ley 20-2017. Allí se indica que en situaciones “de emergencia o de desastre”, la gobernadora podrá “emitir, enmendar y rescindir aquellas órdenes que estime convenientes para regir durante el estado de emergencia o desastre”. Podrá, también, “darle vigencia a aquellos reglamentos, órdenes, planes o medidas estatales para situaciones de emergencia o desastre o variar los mismos a su juicio”. Nos dice la ley que las “órdenes emitidas durante un estado de emergencia o desastre tendrán fuerza de ley mientras dure dicho estado de emergencia o desastre”.

Se trata de un lenguaje preocupantemente amplio en un tema que requiere particular cautela. Se piensa que, una vez reconocida la urgencia de una acción inmediata, el prescindir de controles es un sacrificio casi absoluto, un mal necesario. Al amparo de una situación excepcional reconocida por ley, pretendemos que los funcionarios queden con la encomienda de utilizar amplias facultades sin mayor restricción que su nobleza y sensatez. Después de todo, se diría, querer aplicar controles es desconocer la naturaleza misma de la emergencia.

La experiencia luego de María debió levantar bandera. Nadie niega que tuvimos una emergencia, pero hay que cuestionar algunas de las acciones que el gobernador Rosselló tomó mediante orden ejecutiva al amparo de la citada ley. Esto incluyó la adopción de un toque de queda y la suspensión de la aplicación de varias leyes, entre ellas las relativas a contratación en el gobierno.

Aunque no parece que esta controversia llegara al tribunal, lo que dijo en su momento el foro legislativo es ilustrador. Una vez la Legislatura retomó funciones luego de María, La Fortaleza envió como medida de administración el P. del S. 655 para establecer la “Ley para Atender Emergencias y Desastres en Puerto Rico”.

El proyecto, que buscaba validar muchas de las actuaciones tomadas por el gobernador Rosselló, fue rechazado por ambas cámaras. No solo eso, el informe negativo de la Cámara decía lo siguiente sobre la suspensión de leyes: “dicho poder, otorgado mediante el presente proyecto al gobernador de Puerto Rico resulta ser demasiado amplio, vulnerando el principio de separación de poderes y de pesos y contrapesos[.]” Sobre eximir de los requisitos de contratación gubernamental, indicaban que esta facultad “se presta para la malversación de fondos públicos ya que este Artículo no contiene las garantías mínimas para velar por el buen uso de los recursos del Estado”.

Dando el beneficio de la duda sobre la necesidad de lograr alguna flexibilización en este momento, nos preguntamos: ¿es necesario dejar sin efecto todos los requisitos de contratación? ¿Es necesario eximir todos los contratos del gobierno, incluso los que no están relacionados a la emergencia? ¿Por qué estas declaraciones de emergencia no tienen un periodo fijo de duración, perfectamente extensible de ser necesario? ¿Qué impide pedirle a cada agencia hacer público todo acto administrativo que ejercite al amparo de estas órdenes?

Si la Legislatura aspira a ser consistente debería actuar sobre lo anterior. Mientras eso ocurre, nada impide que la propia Oficina de la Gobernadora examine con detenimiento la deseabilidad de utilizar los poderes reconocidos por ley de manera más puntual, transparente y juiciosa. Eso permitiría atender incluso las preocupaciones que la propia Junta de Control Fiscal ha levantado sobre la orden de contratación. No lo han hecho peor que en otras ocasiones, pero deben aspirar a hacerlo mejor.

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