Benjamín Torres Gotay

LAS COSAS POR SU NOMBRE

Por Benjamín Torres Gotay
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El vendaval

Para el momento en que esta columna sea publicada en las primeras horas del 25 de febrero de 2018, habrán pasado 25 días desde que el senador Aníbal José Torres dio a conocer públicamente capturas de pantalla de una conversación, en la red social WhatsApp, que daban la impresión de que un miembro activo de la judicatura puertorriqueña, puesto por la ley como árbitro independiente en una contienda electoral local, confabulaba con uno de los partidos en disputa, a espaldas de los otros.

Los que confabulaban con el juez pertenecían al partido que terminó ganando las elecciones y algunos de los implicados en la conversación ascendieron a puestos de gran importancia en el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA). El juez que fue puesto como árbitro independiente en una contienda local confabuló con una de las partes, fue designado después presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), cargo desde el cual tenía la posibilidad de aplicar a nivel de todo el sistema electoral puertorriqueño las terribles conductas que exhibió en la contienda local, ocurrida en Moca.

A pesar de la inusitada gravedad de estas denuncias y de la sacudida que debían representarle a la institucionalidad en Puerto Rico, hasta este momento, solo el juez en cuestión, Rafael Ramos Sáenz, ha sufrido alguna consecuencia, pues fue obligado a renunciar de su puesto como presidente de la CEE y la Oficina de la Administración de Tribunales lo separó temporalmente de sus funciones judiciales, mientras lo somete a una investigación ética.

Todos los demás parecen estar agachando la cabeza esperando a que pase el vendaval.

Se sabe, hasta ahora, de por lo menos dos abogados implicados directamente en las charlas con el juez que no han sufrido ninguna consecuencia: el secretario de la Gobernación, William Villafañe y la subsecretaria de la Gobernación, Itza García.

Si la cosa es como se ve en las capturas de pantalla dadas a conocer por el senador Torres, los dos violaron, cuando menos, quizás más, los códigos de ética que obligan a los abogados a denunciar a pares suyos a los que vean actuando contra la ética y la moral.

Villafañe y García trabajan directamente con el gobernador Ricardo Rosselló. Son, probablemente, las primeras dos personas con las que el gobernador habla cada día para discutir el curso de los asuntos gubernamentales. No sabemos si el gobernador les pidió cuentas a ambos sobre este asunto, como haría cualquier jefe responsable. No sabemos si les pidió explicaciones y si quedó satisfecho con tales explicaciones.

El gobernador dijo que esperará por el curso de las pesquisas.

La verdad es que el gobernador no tiene que esperar por el curso de ninguna pesquisa para sentarse con personas que se presume son de su más entera confianza, de las que es el jefe, hacerles las preguntas, como se dice por ahí, “a calzón quitao”, y tomar las decisiones que corresponda. Si esto pasó, si Villafañe y García le dieron suversión de los hechos al gobernador y este quedó satisfecho con lo que le dijeron y cree que merecen seguir siendo parte de su equipo, el pueblo, que es a su vez el jefe de Rosselló, debería saberlo.

Cada día que pasa sin que todo el que tiene que ver con esto haya puesto ante el país las cartas sobre la mesa, es un día más en que se va erosionando la ya menguada confianza del público en sus instituciones más vitales.

Lo mismo que al gobernador aplica a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien es la jefa del procurador general, Luis Román Negrón, de quien también se ha informado que estaba en la conversación, aunque no aparece haciendo interacciones inapropiadas en ninguna de las capturas de pantalla que se han hecho públicas hasta ahora.

Vázquez dijo que ya entrevistó al procurador, quien se inhibirá de cualquier pesquisa sobre este tema.

Pero ni Vázquez ni Román Negrón han contestado dos preguntas harto sencillas y que ayudarían mucho a entender cuán honda o no es la vinculación del procurador con esta controversia: ¿cuándo fue integrado Román Negrón a la conversación de WhatsApp? ¿Qué interacciones tuvo, si algunas, con los demás participantes? ¿Por qué no supimos que él estaba ahí hasta que se publicó en El Nuevo Día? Al no haberlo separado del puesto, podríamos presumir que Román Negrón dio esas respuestas a Vázquez y que ella las encontró satisfactorias. El país merece saberlo también.

Da la impresión de que no todo el mundo, algunos porque no pueden y otros porque no quieren, entiende la magnitud de lo que está en juego aquí. Las acciones que se les imputan a estas personas atentan contra la confianza en dos instituciones vitales para el funcionamiento de cualquier sociedad: los tribunales y el sistema electoral. Cuando la sociedad ve estas cosas, desconfía de todo lo demás. De ahí a la barbarie solo hay un paso.

Esa confianza indispensable, vital, en las instituciones, lleva tiempo minándose en Puerto Rico. Sin eso, sin confianza en las instituciones, no hay paz, no hay progreso, no hay orden.

Sin eso, no hay nada. Estamos hasta las rodillas en eso en Puerto Rico hace tiempo. Con este caso, habría la oportunidad de señalar un rumbo diferente, de sentar una nueva pauta. Hemos visto, hasta ahora, todo lo contrario.

La secretaria Vázquez no está inspirando confianza en los primeros pasos que ha dado en la pesquisa que conduce sobre esto. Dio la impresión, al principio, de que estaba más interesada en saber quién fue que compartió con el senador Torres las capturas de pantalla, que en determinar si alguien violó alguna ley o reglamento. Tampoco ha sentado bien la ambivalencia con el procurador general.

Y entonces sale Norma Burgos, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), a decir que los graves actos que se le imputan al juez Ramos Sáenz no son nada anormal. Da escalofríos que lo diga ella, quien ha sido presidenta de la Junta de Planificación, que tiene funciones en algunas instancias cuasijudiciales; secretaria de Estado, que es para muchos efectos un vicegobernador, y senadora.

Da escalofríos, también, que esas expresiones hayan pasado prácticamente inadvertidas. Da escalofríos que su jefe, el presidente del PNP, Ricardo Rosselló, no la haya desmentido, amonestado o despedido.

¿Es que, de verdad, a nadie le indigna esto que está pasando? ¿Perdimos, acaso, todo resquicio de pudor? ¿Tiramos a pérdida la convivencia democrática, nuestro país, así no más?

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