Carlos E. Díaz Olivo

Punto de vista

Por Carlos E. Díaz Olivo
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El verdadero acceso a la justicia

La pobreza, la condición de no contar con los recursos para el desarrollo de una vida plena y digna, es una preocupación perenne de toda sociedad que procura ser libre y justa. Por ello, tenemos que cuestionarnos cómo es posible que en un mundo en creación continua de riquezas, sectores significativos queden excluidos de estos beneficios y se vean obligados a recurrir a grandes sacrificios y al pluriempleo para sobrevivir.

Para atender esta preocupación se plantea, por ciertos sectores, la necesidad de incrementar la esfera de acción del Estado a fin de satisfacer las necesidades de salud y educación de la población y la problemática ambiental que afecta al mundo. Para financiar estas propuestas, se promueve el incremento de las tasas contributivas y una regulación extensa de la actividad comercial. Estas propuestas, aunque efectuadas de la mejor buena fe, si no se ejecutan teniendo presente la dinámica real de la actividad económica, pueden terminar convirtiéndose en instrumentos que perpetúen la dependencia y la desigualdad.

En los llamados sectores marginados existe un caudal enorme de talento empresarial innato. Pero la falta de destrezas formales en las ciencias económicas y financieras, unida a la dificultad de insertarse en los círculos con acceso al capital, les priva de la oportunidad de desarrollarlo.

Cuando el ciudadano queda atrapado en la pobreza o cuando cae en la actividad criminal, ya el sistema le falló y abandonó. En ese momento es poca y tardía la asistencia que le ofrecemos cuando le proveemos un abogado de oficio. El verdadero acceso a la justicia se logra cuando le proveemos a esa persona, desde temprano, la orientación y el asesoramiento jurídico y económico que le evite exponerse a problemas futuros y que le asista a encauzarse en el curso de la actividad productiva. Desafortunadamente, ni la mayoría de los programas clínicos en las facultades de Derecho, ni el propio reglamento de abogados de oficio, promulgado por nuestro Tribunal Supremo, atienden y promueven adecuadamente la función preventiva del buen jurista.

No comprendemos que el sistema económico en que vivimos establece una serie de estructuras que, en determinadas circunstancias, limitan el acceso a la riqueza a ciertos ciudadanos y promueven la desigualdad. El desconocimiento y falta de asesoramiento del ciudadano común, en lo que respecta a leyes contributivas, económicas y financieras, le acentúa y condena aún más a la desventaja y marginación económica.

Los esfuerzos para erradicar la pobreza, además de reactivos, deben ser preventivos. Hay que trabajar desde temprano con los factores que inciden sobre la pobreza, de manera que los ciudadanos los enfrenten con efectividad y los puedan superar. La educación sigue siendo el instrumento principal para brindar al ser humano nuevas posibilidades y oportunidades. Nuestro sistema educativo público, en la práctica, opera como un instrumento que perpetúa la desigualdad y la pobreza.

La realidad es que hace sobre 70 años que el sistema va en caída libre y en la actualidad, ni siquiera la seguridad de sus estructuras físicas se puede garantizar. A nuestros jóvenes hay que exponerlos desde temprano a cursos sobre idiomas extranjeros, ciencias aplicadas, matemáticas, diseño y creación de programas y aplicaciones para computadoras y al empresarismo. Todo ciudadano debe poder desarrollar libremente su potencial, sin que abogados, profesores, sociólogos y activistas sociales nos creamos indispensables en sus vidas a fin de justificar nuestra autorealización y procurar nuestra propia seguridad económica.

Los padres y madres de sectores desaventajados deben tener la oportunidad de colocar a sus hijos en el plantel educativo de su predilección y no estar condenados a que reciban, en su inmensa mayoría, una experiencia educativa de calidad inferior en el sistema educativo público. En ese sentido, un programa de vales educativos bien articulado, que confiera a los padres y no al Estado la potestad de determinar en dónde académicamente colocar a sus hijos, debe ponderarse seriamente.

En fin, los pobres conocen mejor que nosotros lo que necesitan y lo que desean. No nos creamos que los pobres no pueden subsistir sin nuestra sapiencia y que el Estado sabe mejor que ellos lo que les conviene. Sencillamente, brindémosles a estos ciudadanos los medios para que aprovechen las oportunidades y desarrollen su potencial. Esto es verdadero acceso a la justicia.

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