Eduardo Villanueva

Tribuna Invitada

Por Eduardo Villanueva
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Empatía necesaria con la gente

La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de origen griego -“empátheia”- que significa “emocionado”. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionada con el altruismo - el amor y preocupación por los demás - y la capacidad de ayudar.

Hoy en Puerto Rico, ese sentimiento de solidaridad y comprensión es más necesario que nunca. Si vamos al centro de nuestro país, al corazón de la montaña, vemos que el puertorriqueño no ha perdido la capacidad de sentir con los demás y de ser generoso, dando de lo que se tiene y casi de lo que no tiene. En la metrópolis, en la urbe, ese sentido de empatía se ha ido sustituyendo por el pragmatismo, el posibilismo y el formalismo.

Reflexionamos sobre esos conceptos y realidades sociológicas cuando leemos la decisión del Tribunal Supremo que legitimiza el proceso de cierre de escuelas. La ley de la judicatura dice en su introito, que la Rama Judicial debe ser abierta al acceso a la justicia y ser sensible hacia las necesidades de los litigantes, es decir del pueblo.

Cada vez que se utiliza restrictivamente, el concepto de “standing” para alegar que un demandante no tiene capacidad jurídica para su reclamo, se actúa de manera formalista, posibilista y con poca empatía hacia la justeza del reclamo. Se dice que la intención es no llenar la Rama Judicial de reclamos que deben originarse y resolverse en las otras ramas de gobierno. Esa visión debilita el concepto de separación de poderes y de frenos y contrapesos, que debe haber entre las tres ramas.

Comprendo la posición filosófica de que muchos de esos reclamos pertenecen al ámbito político y es en el campo de lo legislativo y el poder ejecutivo, donde algunos jueces entienden que se debe dar la pelea. Se obvia con esa posición, que en esas ramas se origina el reclamo de derechos, especialmente los constitucionales y muchas veces, son esas ramas las que carecen de empatía, de sensibilidad para escucharlos. Con la excusa de que la política oficial responde a un programa de gobierno que casi nadie lee, se desoye al pueblo que sufre las consecuencias y la irracionalidad de muchas de esas políticas. Tal es el caso con el cierre poco estructurado y ajeno al sentir de las comunidades y de las necesidades de amplios sectores poblacionales que son pobres y hacen grandes sacrificios para mantener en la escuela pública a sus hijos.

Nilita Vientos decía sobre el abogado que se enfoca más en el derecho positivo que en lo justo, lo siguiente: “No ve que no puede haber verdadero orden si no se apoya en la justicia; que cuando la ley y el orden establecidos son negadores o enemigos de la justicia, cuando no se proponen alcanzarla, se convierten en provocadores de la violencia y fomentadores del caos social”.

Tal vez en derecho puede argumentarse un punto de vista formalista sobre el cierre atropellado de escuelas. Lo cierto es que la decisión carece de empatía con los padres y niños que padecen y sufren por causa del cierre de escuelas donde transcurrieron sus años iniciales, y que son cercanas a su comunidad y ambiente social. El gobernador y la Rama Legislativa no deben abdicar su deber de velar por los mejores intereses de los estudiantes. Están en tiempo para atender los reclamos de padres y madres, que sufren las consecuencias de estos cierres injustos e irrazonables. Que no se cierre la puerta a la justicia.

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