Hiram Sánchez Martínez

Tribuna Invitada

Por Hiram Sánchez Martínez
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Empleados fantasmas: dónde fue que falló el plan

En 1995, yo presidía el proceso penal contra un representante a la Cámara por el Partido Popular Democrático, a quien un fiscal especial independiente había acusado por más de 200 casos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos, entre otros, en un esquema, principalmente, de utilización de empleados fantasmas en su oficina del Capitolio.

El legislador, aconsejado sabiamente por su abogado para que se declarara culpable y negociara una sentencia mucho más “benigna” que la que recibiría si el caso iba a juicio y resultaba culpable, aceptó que le impusiera solamente 17 años de prisión sin probatoria. Para él, ciertamente, era un negocio redondo.

Ese día por la noche —que es por lo que traigo a cuento esta historia— al ver las caras de profunda seriedad que mostraban otros legisladores de ambos partidos mayoritarios a quienes entrevistaban en los noticiarios, me volví hacia mi esposa y le dije: “¿Tú ves? Más que caras de tristeza por la mala suerte de su compañero, lo que veo son caras de preocupación”.

Ese era el primer legislador condenado por delitos relacionados con el empleo de personas que realmente no trabajaban en el Capitolio, pero cobraban puntualmente un sueldo, que iba a parar a las finanzas del legislador o a la financiación de su campaña. Suponía que algunas —y solo algunas— de aquellas caras de preocupación se debían a que, o habían incurrido en una práctica similar, o conocían a alguien que lo hubiera hecho y contemplaban la posibilidad de que ahora el Departamento de Justicia fuera por ellos.

Es quizás por esto que en los últimos días he vuelto a pensar en Ileana Colón Carlo (q.e.p.d.), que en aquella época era la Contralora de Puerto Rico y libraba una cruzada acérrima en pro de la honradez de los funcionarios y empleados en el manejo de los fondos públicos. Fue su gran trabajo el que descubrió aquel esquema de corrupción gubernamental. Era una profesional de mucho prestigio, celosa en el desempeño de sus deberes y decidida a detectar la corrupción gubernamental dondequiera que esta se manifestara.

Recuerdo que, como en los juicios penales la ley permite que la víctima del delito haga una expresión sobre los efectos de ese crimen en la persona y su familia, la cité a mi sala para que fuese ella quien se expresara a nombre del pueblo de Puerto Rico. Fue una alocución memorable y es una pena que yo no hubiese ordenado su transcripción para conservarla.

A raíz de aquella “limpieza”, yo no concebía que después de eso a alguien más, de los que vendrían en cuatrienios posteriores al Capitolio, se le ocurriría incidir en ese mismo tipo de comportamiento delictivo. Creí que los 17 años de prisión sin probatoria de aquel legislador serían ejemplarizantes y que en el futuro nadie más se tomaría el riesgo de hacer las mismas maromas para despojar al país de sus fondos para obra y servicios públicos.

No obstante, el tiempo probó que mis expectativas eran erróneas; que la posibilidad de ir a la cárcel por malversar o apropiarse de fondos públicos solamente detiene a algunos. Otros, como hemos visto en días recientes, no han aprendido las lecciones de la historia. De seguro pensaron que ellos eran distintos, más hábiles que los anteriores, que lo sucedido a los ladrones que les precedieron se debió a que eran unos ineptos para el “tajureo”, unos negligentes que se dejaron atrapar. Pero a ellos sí que no, ¡claro que no!, porque son listos y están acostumbrados a salirse con la suya; se sienten amparados por los que están en el poder. Y la impunidad, creen ellos, es un beneficio marginal al que tienen derecho los que trabajan y se fajan por el partido… por cualquiera de los dos partidos. Hasta el día en que despiertan una madrugada esposados, rumbo al tribunal, y preguntándose dónde fue que falló el plan.

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