Anabelle Torres Colberg

Punto de vista

Por Anabelle Torres Colberg
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Empujar la causa de Puerto Rico

Puerto Rico sufre una crisis de identidad perenne, que provocará que Estados Unidos nos encajone donde más beneficioso le sea, cuando así lo determine. Habremos perdido la oportunidad de madurar políticamente y de fortalecer la autoestima colectiva, que nos permitiría enfrentarnos a Estados Unidos con opciones reales para encaminar una verdadera relación bilateral, fundada en respeto e igualdad. Pero, mientras nos definen, existe consenso de que cualquier mejoría inmediata en la calidad de vida de los puertorriqueños depende de los fondos de recuperación asignados por el gobierno federal para Puerto Rico. 

Si Puerto Rico tuviera sus propios recursos económicos para sufragar las pérdidas del desastre, hacer las inversiones requeridas en la infraestructura de energía eléctrica e incentivar el desarrollo económico, la gobernadora podía continuar con su agenda personal, sin remordimiento alguno.

No obstante, siendo la quiebra la realidad económica del país, no hay justificación alguna para que la prioridad de la gobernadora no hubiera sido atender a la delegación de congresistas que visitó Puerto Rico en los pasados días. Independientemente de que una visita de esa índole represente una estrategia electoral de los congresistas, en contubernio con sus aliados de la política local, para proyectar interés y preocupación por la isla, la gobernadora, como principal cabildera de los puertorriqueños, tiene que aprovechar cada oportunidad que surja para empujar la causa de Puerto Rico. 

La defensa no estriba en complacencia, sino en reclamar de frente un trato digno como ciudadanos americanos y denunciar los abusos o tratos discriminatorios de los que hemos sido sujetos, como lo relacionado al asunto de asignación y desembolso de fondos desde el huracán María. Ese rol del gobernante es indelegable y personalísimo, y carece de fuerza y legitimidad, cualquier delegación a esos efectos; mucho más siendo una gobernante del partido que aspira a la relación más cercana con Estados Unidos. 

Resulta evidente que, a pesar de la emergencia familiar que tuviera la gobernadora, imperaba un aparente desinterés de atender a los congresistas porque, de lo contrario, pudo reprogramar su calendario. Desconozco si la razón estriba en inseguridad de sostener una comunicación efectiva o por nimiedades insularistas de estirpe político, ahora que la gobernadora se ha redefinido como republicana. 

No obstante, estas actuaciones erráticas de cómo manejar la dinámica política de Washington D.C. puede atribuírsele a múltiples de los pasados gobernantes, que fracasaron en congeniar la formulación de política pública relevante para los puertorriqueños con sus ambiciones electorales cada cuatro años, para lo que entienden deben banderizarse con una ideología estadounidense. 

En fin, si los líderes políticos de la isla no detienen la pelea artificial entre alegados republicanos y demócratas, cuando en momentos críticos ninguna de las facciones han ejecutado un plan serio de desarrollo para el futuro de Puerto Rico, pasarán a la historia por sus innumerables desaciertos; por sus pusilánimes reacciones en las controversias; por el silencio acomodaticio frente a los “insultos”  del presidente Trump; por su incapacidad administrativa probada; y por no haberle hablado claro y con franqueza al pueblo sobre la realidad política de Puerto Rico y Estados Unidos. 


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