Gerardo A. Carlo-Altieri

Punto de vista

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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¿En dónde estamos con Cofina?

Existe mucha confusión sobre la vista celebrada ayer ante el Tribunal de Promesa que preside la jueza Laura Taylor Swain, en la que quedó aprobada la Declaración Informativa (Disclosure Statement) de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Hay que entender que la vista no era para aprobar el Plan de Ajuste de Deudas de Cofina que está señalado para 16 de enero de 2019, ni para aprobar el Acuerdo Provisional (PSA) entre bonistas de Cofina (seniors y subordinados) y el gobierno.

Lo único que estaba ante la jueza era si la Declaración Informativa (DI) de Cofina cumplía con la Sección 1125 del Código de Quiebra federal (el “Código”) que aplica a Promesa.

Bajo esta sección del Código, el Tribunal solo tiene que determinar si la Declaración Informativa es lo suficientemente clara y precisa para que un acreedor de Cofina pueda entender sus alcances y medir los efectos que podrá tener el Plan de Ajuste de Deudas que le estará siendo sometido para su votación.

El Acuerdo de Cofina es el producto de más de un año de mediación ante un panel de tres jueces federales nombrados por la jueza Taylor Swain.

Además, es el primer acuerdo consensual dentro de los cinco casos radicados bajo Promesa, abarca más de $17,000 millones de la deuda de Cofina y fue aprobado por una mayoría de los bonistas ($10,000 millones en deuda lo aceptaron).

Por otro lado, algunas de las oposiciones a la Declaración Informativa de Cofina fueron transadas antes de la vista y el Tribunal determinó que las demás no eran objeciones propiamente dirigidas a la aprobación de la Declaración Informativa, sino ataques prematuros al Plan de Ajuste de Deudas.

En otras palabras, que dichas objeciones deben ser atendidas en la vista del 16 de enero, cuando el Tribunal tendrá que resolver todos los argumentos restantes en sus méritos.

Lo importante en esta etapa es determinar cuáles son estos argumentos que van al corazón del Plan de Ajuste de Deudas, a su vez montado a caballo sobre el Acuerdo, y que serán resueltos el próximo 16 de enero.

La jueza Taylor Swain indicó que los asuntos medulares a dilucidarse incluyen las objeciones a las bases económicas del Plan de Ajuste y a la estructura del plan, y la legalidad de la radicación de la quiebra de Cofina, una agencia que nunca estuvo insolvente ni en incumplimiento.

Pero tampoco será fácil ignorar en la vista del 16 de enero el ataque de los acreedores minoritarios al Acuerdo y Plan de Ajuste. Estos alegan falta de equidad y juego sucio, por razón de haber sido ignorados gran parte de los acreedores pequeños y no institucionales, en el proceso confidencial y secreto de mediación y negociación.

Otra objeción medular que preocupa es que el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal se han repartido el grueso de los fondos (pasados y futuros) del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) casi en partes iguales, dejando fuera de los beneficios del Acuerdo a los acreedores pequeños, minoritarios y no organizados.

La división, en el Acuerdo, de los miles de millones en contribuciones del IVU depositados en el Bank of New York Mellon (BNYM) con intereses acumulados, a repartirse mayormente entre bonistas prioritarios (“seniors”) de Cofina y el gobierno, es un asunto de injusticia y legalidad que está siendo cuestionado por aquellos bonistas.

El argumento que hacen los minoristas de Cofina es que ellos tienen la prioridad legal de recibir los recaudos contributivos en exceso de los “seniors” y que dichos fondos no pueden redirigirse al Fondo General del gobierno de Puerto Rico.

El asunto de Cofina está bien encaminado, pero no resuelto.

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