Kenneth Rivera Robles

Tribuna Invitada

Por Kenneth Rivera Robles
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En el nombre de la ley

Kenneth Rivera Robles

Nos acercamos al 30 de junio, que es el cierre del año fiscal del gobierno y cuando la legislatura termina los trabajos de la primera sesión del año. Fue una sesión intensa en donde se discutieron legislaciones y proyectos –algunos aprobados recientemente– que afectan nuestro entorno empresarial. Reconocemos a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y a su presidente, Antonio “Tony” Soto, su labor y ayuda en la elaboración de lo siguiente:

ZONAS DE OPORTUNIDAD

Esta ley –la cual hemos reseñado en artículos anteriores– fue aprobada como Ley 21 del 14 de mayo de 2019, acoplando la legislación federal al entorno de Puerto Rico. Confiamos que tendrá un tremendo impacto en la economía de la isla y podría ser una pieza clave en nuestro proceso de reconstrucción. La misma provee un mecanismo de diferimiento y exclusión de ganancias de capital que cumplan con ciertas reglas de reinversión. Se está mencionando que el estatuto podría ser enmendado en una próxima sesión para proveer mayor flexibilidad en la inversión en ciertos proyectos residenciales.

CÓDIGO DE INCENTIVOS

Esta es probablemente la pieza de legislación contributiva más ambiciosa y abarcadora en años recientes y es también un proyecto de administración. El proyecto combina en una sola ley los incentivos contributivos aplicables a manufactura, actividades de exportación, agricultura, turismo, individuos (médicos, jóvenes, inversionistas), energía verde, industrias creativas y algunos otros más.

El propósito de esta legislación es de uniformar los beneficios y requisitos para la obtención de estas exenciones. Entre los puntos más importantes de esta legislación se establece una fórmula de retorno en la inversión –que debe ser medido anualmente– para evaluar si el incentivo está siendo efectivo. También establece la política pública en torno a la divulgación de información de tenedores de beneficios contributivos.

De igual forma, se reducen los beneficios relativos a impuestos municipales, con el ánimo de que los municipios –si lo entienden conveniente– concedan exenciones municipales adicionales. El proyecto radicado originalmente el año pasado eliminaba la figura de los créditos contributivos y los remplazaba con unos pagos de forma directa a las empresas elegibles. La versión más reciente del proyecto elimina dichos pagos y vuelve a la figura de los créditos contributivos con una opción de pedir un reintegro de 90% del crédito. Se rumora que la opción de solicitar el reintegro del crédito puede quedar fuera de la legislación final.

En esto, también la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó que se pusiera un tope a los créditos contributivos anuales y en el Plan Fiscal se menciona la cantidad de $247 millones anuales. La versión actual del proyecto no incluye dicha limitación lo que pudiera levantar objeciones por parte de la JSF.

Finalmente, en el caso de ciertos inversionistas se vuelve a establecer el requisito de adquirir una residencia en Puerto Rico y se aumenta de $5,000 a $10,0000 el requisito de hacer donativos anuales a entidades sin fines de lucro. Este último requisito ha causado malestar, pues se limitan las entidades elegibles para hacer tales donativos.

APUESTAS DEPORTIVAS

Este proyecto provee el marco legal para efectuar apuestas en eventos deportivos; actividad ya autorizada por la revocación de la Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA) por el Tribunal Supremo Federal en verano del 2018.

Actualmente, aproximadamente siete estados han aprobado legislación y otros 15 están considerando hacerlo próximamente. Esta es otra área donde entendemos que se estaría legalizando una actividad que con toda probabilidad estaba ocurriendo de todas maneras.

El proyecto autoriza a hacer apuestas en estos eventos de forma presencial en casinos, hoteles, paradores, hipódromos agencias hípicas y galleras. Se faculta a conceder permisos a otros lugares que lo soliciten. La versión actual del proyecto establece como regla general una licencia cuyo costo mínimo será de $50,000. Las galleras no pagarán dicho cargo por los primeros 10 años y las agencias hípicas sólo pagaron el 50% durante dicho término.

La versión actual del proyecto, autoriza las apuestas en línea y aumenta la tasa impositiva de 6% a 7% en apuestas presenciales y de 11.5% a 12% en apuestas en línea. Finalmente establece como regla general un límite de $2,000 para apuestas en efectivo. Dicha limitación no aplicaría en casinos o hipódromos. Aunque entendemos que el proyecto continúa siendo competitivo, comparado con otras jurisdicciones, el seguir aumentando los requisitos podría llevar a que esta actividad se mantenga en el mercado informal.

ENMIENDAS AL CÓDIGO DE RENTAS INTERNAS

En diciembre se aprobó la Ley 257-2018, que enmendaba nuestro código de rentas internas. Recientemente se radicó el Proyecto de la Cámara 2172 con el propósito de hacer enmiendas técnicas y correcciones a algunos de los cambios provistos por la Ley 257. (Es probable que este proyecto se atienda en la próxima sesión legislativa.)

Hay otros proyectos –que por limitación de espacio– no podemos comentar. Entre estos: el de presupuesto, las enmiendas al Código Civil, algunos proyectos de requisitos ambientales y privacidad digital que deben ser monitoreados, pues también pueden incidir en ciertas empresas.

Se nos queda en el tintero una reforma contributiva novel integrada (que simplifique el sistema, evalúe las contribuciones sobre ingresos, de consumo, municipales y patronales) y que imponga tasas contributivas más justas a nuestras empresas y elimine cargas injustas como el impuesto al inventario. Esperamos que esto ocurra en el futuro cercano.

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