Jaime Lluch

Tribuna Invitada

Por Jaime Lluch
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En la mira un huracán político

Otro huracán va a atraer la atención mundial hoy, domingo. Este lleva formándose hace siete años, aunque su origen histórico se remonta siglos atrás.

El gobierno catalán electo democráticamente el pasado 27 de septiembre del 2015 tiene una mayoría parlamentaria soberanista y hace varios años que se propone llevar a cabo un referéndum para determinar su futuro político.

Las encuestas hace años que indican que al menos 75% de los catalanes quieren votar para auto-determinarse y más del 65% del arco parlamentario catalán quieren poder votar para decidir su futuro político.

Sin embargo, hace años también que el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, se rehúsa a permitir tal referéndum, argumentando que sería contrario a la Constitución del 1978, en su Capítulo 3, Sección 148 (17), la cual le otorga al estado central la competencia sobre la celebración de referéndums.

Así las cosas, se presenta en España desde hace varios años un verdadero choque institucional entre el deseo democrático y más que legítimo de los ciudadanos y del gobierno en Catalunya de poder votar para determinar su futuro político y la insistencia del gobierno del Partido Popular que los catalanes no pueden votar para decidir su futuro político ya que sería contrario al citado artículo de la Constitución. Es un choque entre el impulso democrático y la forma constitucional.

Estamos viendo en las últimas semanas en España un vergonzoso retroceso democrático: el estado español está usando todos sus recursos represivos para impedir que la gente vote y se exprese libremente. Han acusado a altos cargos de delitos penales, han confiscado papeletas, urnas, listas electorales, imprentas, han amenazado con la cárcel a funcionarios de colegio electoral, acosan financieramente a un expresidente catalán, y ahora van a precintar colegios electorales con la Guardia Civil impidiendo físicamente que la gente pueda votar este domingo.

Han hecho que la mera expresión de un punto de vista pro-derecho a decidir sea criminalizado y castigado. Han cerrado los sitios en la red de la Generalitat que se han utilizado para organizar democráticamente el referéndum. Estas son actuaciones que uno esperaría de Erdogan en Turquía, del gobierno chino, del gobierno de Iraq contra el Kurdistán, de Victor Orbán en Hungría, pero no de la España moderna y democrática.

Como dijo hace 10 meses el federalista canadiense Michael Ignatieff: “¿Se sienten los catalanes una nación? Por supuesto. Sería estúpido, al menos mal aconsejado, negar esa evidencia. El objetivo es conquistar y retener la lealtad del sector moderado de la población que se siente orgulloso de su identidad, de su lengua, y que se siente distinto del resto de españoles, pero aun así quiere permanecer en España.” Ese debería ser el objetivo del gobierno español, pero en vez, como escribió recientemente Manuel Castells: lo que están reprimiendo de manera muy torpe y cavernícola es la mera “celebración de una consulta en la que los ciudadanos puedan votar libremente cuál es su proyecto de país.”

De igual forma, Pablo Iglesias, de Podemos, instó al gobierno español a buscar “soluciones políticas a problemas históricos… la cárcel y la represión enquistarán aún más los problemas.”

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