Larry Emil Alicea Rodríguez

Tribuna Invitada

Por Larry Emil Alicea Rodríguez
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En la ONU: Daños del colonialismo

Distinguidos miembros del Comité de Descolonización y representantes de organizaciones nacionales e internacionales presente:

Soy el trabajador social Larry E. Alicea Rodríguez y comparezco a estas vistas como presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) y en representación de su Junta de Directores y de matrícula.

Hemos comparecido a este foro en cuatro ocasiones, advirtiendo sobre los daños materiales y emocionales que el colonialismo ocasiona a las personas. Condición que ha sido reconocido en múltiples resoluciones de este cuerpo y otros foros internacionales como los son el Movimiento de países no-alineados, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y diversas entidades no-gubernamentales.

    Estas vistas se constituyen en un momento histórico para el Pueblo de Puerto Rico, donde incluso Estados Unidos ha reconocido el estatus territorial de nuestro país. Una vez más insistimos en que los efectos del colonialismo en Puerto Rico, a lo largo de 119 años son muchos y abrumadores. Entre ellos podemos mencionar: la explotación económica, crasas violaciones a los derechos humanos, civiles, sociales y culturales, así como la destrucción y apropiación de nuestros recursos naturales. Hemos visto y vivido la profunda campaña de asimilación a través del sistema educativo, los medios de comunicación y algunos sectores religiosos y fundamentalistas. De igual manera hemos experimentado el establecimiento de instituciones represivas como la Corte Federal y el Gran Jurado, y hasta la agresión física y los crímenes de odio. Los desalojos y bombardeos a la población civil de la Isla de Vieques, así como el desdén y la falta de limpieza de los terrenos minados han sido ejemplo de la perversidad del régimen colonial al pueblo Boricua. Como si fuera poco, en las últimas dos décadas hemos sido testigo del fortalecimiento de la visión territorial y la imposición unilateral de las políticas federales en nuestro país.

 Situación Política del País y el Trabajo Social

La vigencia de la Cláusula Territorial y la supremacía del Congreso de Estados Unidos en los asuntos internos y externos de nuestro país quedó nuevamente evidenciada cuando la Cámara de Representantes Federal aprobó unilateralmente el proyecto PROMESA- HR-5278 (30 de junio de 2016), que impone una Junta de Control Fiscal Federal (JCFF) sobre el gobierno de Puerto Rico. Este organismo, designado unilateralmente por el Congreso de Estados Unidos, ha tomado control sobre asuntos decisivos y asume la definición de prioridades de servicios del gobierno de Puerto Rico. Esta junta representa el más craso ejemplo de una nueva invasión a nuestro país. Nadie votó por ella, no obstante, tiene el poder supremo incluso sobre la constitución y del gobierno establecido en 1953.

La JCFF ha demostrado su incompetencia y desdén al imponer un modelo de servicio esencial y de beneficencia ajeno a la realidad social y de derechos humanos del pueblo puertorriqueño. No reconoce y destruye instituciones vitales que garantizan la calidad de vida de nuestra población, tales como la educación y la salud; a la par que promueven condiciones laborales que atentan contra la salud física, mental y espiritual del pueblo puertorriqueño. Además, imponen una estructura social, cultural y gubernamental bajo simples condiciones económicas ante el menosprecio de los efectos nocivos sociales, culturales y económicos que ello acarrea.  A estas consideraciones se han negado tanto la JCFF como el actual gobierno de Puerto Rico.

El pueblo de Puerto Rico se encuentra ante una potencia colonial y un gobierno nacional que no respetan derechos, democracia ni reclamos de un pueblo que demanda participación y transparencia fiscal, administrativa y política. Ejemplo de ello es la omisión de servicios de educación especial a miles de niños y niñas; el limitado o nulo acceso a sus medicamentos, cuando se sirven aguas insalubres a la población, o cuando el hecho de que tres cuartas partes de la niñez viva en extremas condiciones de pobreza no sea un asunto vital. Todas estas problemáticas, por mencionar algunas, son evidencia de un sistema opresivo que muestra la cara de un país que enfrenta un clima de violencia institucionalizada desde el poder, que a la vez raya en el genocidio.

Imposición de la Junta de Control Fiscal Federal como "solución"

Al igual que otras tantas organizaciones, el CPTSPR se pronuncia en rechazo de la Ley PROMESA. Es evidente que esta ley se creó para favorecer a los intereses de los acreedores de la deuda contraída por el gobierno colonial. Por tanto, como profesionales del Trabajo Social nos inquieta el efecto de las medidas de austeridad que promueve la JCFF sobre las condiciones socioeconómicas de las familias puertorriqueñas. El efecto de la ley PROMESA comienza a manifestar un mayor empobrecimiento, falta de oportunidades de desarrollo, reducción en las pensiones, deterioro en la calidad de los servicios esenciales y laborales, así como la emigración masiva. Como consecuencia se ve una merma en el talento humano, que es vital para el desarrollo económico y la reconstrucción de una sociedad hoy dejada en ruinas por el colonialismo.

Nuestro pueblo reclama un verdadero proceso de descolonización que culmine en el alcance de su soberanía. Este reclamo queda demostrado en los ejercicios de lucha y resistencia al nocivo estatus colonial; los cuales incluyen, pero no se limitan a la comparecencia ante este organismo. La reciente lucha estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, cuyos objetivos incluyen la denuncia de los recortes de fondos para los servicios esenciales, reclamar la auditoría de la deuda y llamar la atención sobre el daño que los recortes propuestos le harán al sistema universitario (UPR) público y sus dependencias y programas académicos es una muestra fehaciente de ello.

Señores y señoras delegados(as) de este Comité:

Nos reiteramos en nuestro convencimiento de que el problema de fondo en nuestro país es la falta de los poderes políticos, el proceso de asimilación y el tutelaje para la implantación de nuestras propias soluciones a los problemas que nos aquejan. Por tanto, nuestra petición principal en esta comparecencia es que este Comité eleve el caso colonial de Puerto Rico ante la Asamblea General de este organismo, y que, en consecuencia, le imponga al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica la obligación moral de facilitar cuanto antes, un verdadero proceso de descolonización basado en el derecho internacional, que incluya: la supervisión de organismos internacionales; el reconocimiento de un periodo de transición negociado por el pueblo puertorriqueño y que en el reconocimiento de Estados Unidos como potencia colonizadora se facilite un proceso de descolonización material y subjetiva con opciones no coloniales y no territoriales.

En esa dimensión, reclamamos que no se reconozcan los mecanismos de plebiscito el cual fue uno unilateral y engañoso llevado a cabo de manera arbitraria por el gobierno de turno. La verdadera y democrática descolonización solo es posible si se reconoce la participación democrática y directa del pueblo puertorriqueño a través de una Asamblea Constitucional de Estatus que aborde las diferentes dimensiones y caras de la colonialidad.

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viernes, 16 de junio de 2017

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