Luis G. Rivera Marín

Tribuna invitada

Por Luis G. Rivera Marín
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En la ONU: La JSF, el plebiscito y la descolonización

Muy buenos días, estoy aquí en representación del Gobierno de Puerto Rico, electo por el pueblo de Puerto Rico, y en voz del Gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.  Nuestra ponencia atenderá tres asuntos centrales que han ocurrido en el pasado año, posterior al testimonio del Dr. Rosselló ante ustedes. Me refiero a: (1) La implementación de una Junta de Supervisión Fiscal, aprobada por el Congreso de Estados Unidos de América, para supervisar al gobierno electo de la isla; (2) La celebración de una consulta plebiscitaria, hace escasamente nueve días, ratificando lo que el Pueblo ya había expresado en el 2012 y; (3) La virtual unanimidad que existe en la isla de que somos una colonia de los Estados Unidos, luego del caso de Pueblo v Sánchez Valle, resuelto por el Tribunal Supremo federal.

Ha llegado el momento de que Puerto Rico actúe, con el apoyo de este Comité, y con la ayuda de foros internacionales. Pero, es obligación de este Comité tomar acción y no convertirse en un foro inconsecuente ante la situación colonial de Puerto Rico. Este Comité tiene que atender la evidente inferioridad jurídica en materia de derechos humanos, civiles y políticos; esa es la razón de este Comité.

Posterior al testimonio del año pasado, del hoy Gobernador Rosselló, entró en funciones una Junta de Supervisión Fiscal, a tenor con la ley de los Estados Unidos conocida como PROMESA, que tiene poderes plenarios sobre el gobierno electo por los puertorriqueños. Desde entonces, el Congreso federal ha legislado, sin representación de los puertorriqueños, una Junta anti democrática que tiene poderes sobre el Gobierno electo. Si eso no es coloniaje, el derecho internacional no existe. De hecho, mientras me dirijo a ustedes, toda la Rama Ejecutiva de Puerto Rico trabaja arduamente para cumplir con requisitos y exigencias de esta Junta.

Una vez asumidas las riendas del Gobierno, el 2 de enero de 2017, en un hito histórico dentro del primer mes de mandato, se aprobó la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico. Esta ley establece la celebración de una consulta de estatus con la finalidad de ratificar la que ya había sido la voluntad del Pueblo de Puerto Rico expresada en el 2012, cuando un 54% de la población rechazó el llamado Estado Libre Asociado, o la colonia actual, y un 61% escogió la opción de Estadidad que el derecho internacional conoce como integración a un Estado independiente.  Con este acto, se retiró el consentimiento de los gobernados a la colonia. En su origen, esta consulta celebrada el pasado 11 de junio, incluía las únicas opciones descolonizadoras reconocidas en el derecho internacional para resolver la sublevación democrática de la isla, o sea: La Estadidad o integración, La Libre Asociación y la Independencia. No obstante, el pasado mes de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en lo que inequívocamente ha sido una participación activa del ejecutivo federal, requirió que se agregara la opción del estatus territorial actual para que el pueblo pudiera escoger el mismo, de ser esa su preferencia. Nuestra Administración enmendó la ley para cumplir con las exigencias de Washington y promover la descolonización de Puerto Rico. Nos negamos a posponer la consulta para descolonizar a Puerto Rico porque ya hemos esperado demasiado y el estatus colonial actual nos ha llevado a una quiebra y crisis económica y social insostenible.

El pasado 11 de junio, sobre medio millón de personas acudieron a las urnas a expresar su preferencia sobre el derrotero político de nuestra tierra.  Los resultados fueron los siguientes: 1. Estadidad o integración: 502,801 o 97.1%; 2. Libre Asociación/Independencia: 7,786 o 1.5%; 3. Actual Estatus Territorial: 6,823 o 1.3%. En las democracias, cuentan los que votan y ese fue el resultado inequívoco de nuestro pueblo. Es obligación de este Comité, así como del Gobierno de los Estados Unidos de América, validar este proceso democrático que incluyó todas las alternativas posibles, incluyendo el indigno estatus territorial, colonial actual. A fin de cuentas, conforme al capítulo 1, artículo 1, secc. 2, de la Carta de Las Naciones Unidas, es un derecho fundamental el ejercicio a la libre determinación.

Con este marco conceptual, tomando en consideración la voluntad expresada por el Pueblo puertorriqueño en las urnas en dos ocasiones en los pasados cinco años, de que seamos admitidos como Estado de la Unión, con mucho respeto exigimos de este Comité a que no usurpe la expresión democrática de los puertorriqueños adoptando resoluciones en apoyo a la independencia de Puerto Rico. La independencia ya no nos representa y la estadidad o la integración es un estatus no colonial reconocido por la Resolución 1541(XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  De hecho, el Gobierno de los Estados Unidos el año pasado reconoció en este foro internacional la Estadidad como una opción válida. Solicitamos que apoyen el derecho de auto determinación política de Puerto Rico incluyendo la alternativa escogida por el pueblo en el 2012 y en el 2017.   Es evidente que las representaciones hechas por los Estados Unidos de América en el 1953, asegurando que los puertorriqueños gozaban del nivel de gobierno propio, garantizados por el alegado pacto inalterable que conllevaba dicha relación, quedó disuelto el año pasado por voz propia de todas las ramas del Gobierno de los Estados Unidos. Por tanto, ante esta realidad, el gobierno territorial no cumple con los criterios de gobierno propio establecido mediante la Resolución general 748 de 1953. Este Comité debe solicitar a la Asamblea General que se retire la Resolución 748 de 1953 y se vuelva a incorporar a Puerto Rico en la lista de colonias o territorios sin gobierno propio.

Finalmente, la virtual unanimidad en la isla de que somos una colonia emana, tanto de la imposición de la Junta, como de la decisión y la posición expresada por el gobierno de Estados Unidos en la argumentación del caso Pueblo v. Sánchez Valle.  En dicho caso, el ejecutivo federal reafirmó que la fuente de poder de los territorios, como Puerto Rico, es el Congreso por virtud de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos.  Se afirmó que el Congreso puede dejar sin efecto la Constitución de Puerto Rico unilateralmente y que la isla le pertenece a los Estados Unidos.   El gobierno federal también planteo que una de las formas de lograr una verdadera soberanía de los poderes del Congreso es a través de la estadidad. Esta es la posición del Gobierno de los Estados Unidos y con esta ponencia dejamos una copia del documento como Anejo 1. Además, dejamos copia del informe de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico concluyendo que el actual estatus político de Puerto Rico constituye una violación crasa a los derechos civiles de 3.4 millones de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Anejo 2.

Muchos siempre supimos que la Constitución de 1952 fue un cambio cosmético a leyes federales previas y que Puerto Rico seguía siendo una colonia, bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos de América. Por ende, es hora de cambiar la realidad política colonial de la isla y ese fin es la única razón de este Comité.

De paso reiteramos los pedidos que hiciera el Gobernador Rosselló el año pasado ante esta Comisión: (1) que su próximo Seminario Regional sea en Puerto Rico; (2) que se deje sin efecto la Resolución 748 (VIII) para que se incorpore a Puerto Rico en la lista de colonias; (3) que se le exija al Gobierno de los Estados Unidos que rindan informes sobre Puerto Rico; (4) que se reconozca el derecho a la libre determinación ejercido por el pueblo de Puerto Rico el pasado 11 de junio; (5) que se exprese sobre el informe de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico; y (6) cualquier otra acción necesaria para lograr estos objetivos.

Buenos días, gracias por la oportunidad brindada, y con su permiso, nos retiramos.

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