Julio Fontanet

Punto de vista

Por Julio Fontanet
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En manos de la legislatura

El país vive una ingobernabilidad sin precedentes en su historia moderna. La reacción del pueblo ha sido protestar de distintas maneras, pero masivamente. Se reclama inequívocamente la renuncia del gobernador como secuela de los recientes arrestos por corrupción y del chat difundido.

Ante esta situación, los legisladores tienen la obligación constitucional, política y moral de ponderar la activación del proceso de residencia establecido en el Artículo 3, sección 21, de nuestra Constitución. En dicha disposición, se establece la facultad que tiene la legislatura para instar tan importante proceso, así como las funciones de cada cuerpo. Le compete a la Cámara de Representantes iniciar el proceso y formular una acusación, lo cual requerirá la concurrencia de dos terceras partes de los representantes.

El Senado, por su parte, tiene el poder de juzgar al gobernador y emitir un fallo condenatorio cuando concurran tres cuartas partes de sus integrantes. También se establecen las causas para residenciar: la traición, el soborno, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación. Se dispone, además, que las cámaras legislativas podrán autoconvocarse para atender los respectivos procesos.

No obstante, la disposición constitucional no indica cómo se inicia el proceso en la Cámara ni cuáles son las normas procesales a ponerse en vigor. Adviértase que el proceso de residenciar, en sus etapas de formulación de cargos y de juicio, es sustancialmente diferente a los procesos criminales ordinarios. Aquí se trata más de un juicio político que no culmina en una condena criminal o en una sentencia de cárcel; la única determinación que se toma es separar al incumbente del cargo de gobernador.

Ante la ausencia de normas específicas —y tomando en consideración la naturaleza particular del proceso—, le compete exclusivamente a la asamblea legislativa establecer las normas y el procedimiento aplicables. En nuestra historia constitucional, nunca se ha siquiera iniciado un proceso contra ningún gobernador para residenciarlo. Sin embargo, la experiencia en los Estados Unidos puede aportar algunas ideas sobre cómo proceder.

La primera vez se hizo contra el presidente Andrew Johnson en 1968 y posteriormente, en la década de los setenta, contra el presidente Nixon, aunque no culminó debido a que Nixon renunció. Más recientemente, en 1999, se tramitó un proceso en contra del presidente Bill Clinton, pero no hubo un fallo condenatorio. Los procesos en contra de Nixon y Clinton comenzaron con una investigación de un fiscal especial independiente. Dicha investigación fue evaluada por la Cámara estadounidense para determinar si autorizaban la presentación de cargos en el Senado.

En el escenario del gobernador Ricardo Rosselló, se encuentran cientos de páginas de un chat —cuya autenticidad no se cuestiona— en el que, además de expresiones extremadamente desafortunadas, hay indicadores de posible conducta delictiva, como son los delitos de conspiración, apropiación ilegal, violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y discrimen, entre otros. La interrogante es si los cuerpos legislativos tienen que esperar por una investigación de todos los posibles delitos incurridos, así como por la identificación de prueba suficiente, para poder iniciar el proceso de residenciar al gobernador.

La respuesta es no. Claro, nadie está hablando de restablecer la inquisición o de procedimientos “fast track”. Debe recordase que, en el caso de Clinton, todo comenzó con la presentación de una resolución para investigar e iniciar el proceso de residencia. Ciertamente, el chat divulgado justifica —por lo explicado previamente— la iniciación de ese proceso, que debe ser complementado con una investigación que permita a los representantes votar si autorizan o no la formulación de cargos. Paralelamente, los cuerpos legislativos deben activarse para aprobar los procesos y normas a ser utilizados respectivamente.

Lo que sería imperdonable es la inacción de la Legislatura en momentos en que se nos derrumba el país.

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