Lind O. Merle Feliciano

Punto de vista

Por Lind O. Merle Feliciano
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En medio de la emergencia, síntomas de debilidad en el gobierno

El mundo atraviesa por un momento que no tiene precedentes en la historia moderna: una pandemia global. El COVID-19 se ha expandido a todas partes, teniendo un gran impacto social, y representa un panorama incierto con relación a su magnitud y duración. Puerto Rico no está exento, y a medida que esta pandemia se propaga, modifica la forma de comportarnos en sociedad y el calendario propuesto para diversas actividades sociales, por razón de la eminente amenaza a la salud pública. Sin duda alguna, el COVID-19 presenta un desafío a los procesos electorales. 

Celebrar elecciones democráticas procurando la confiabilidad y la mayor participación es un fin loable. El ejercicio de la democracia no se puede suspender por enfrentar una crisis. Es necesario sobrellevar la tentación de tomar ventaja de una emergencia nacional, como en nuestro caso, cambiar las reglas de los eventos electorales en la víspera de la celebración de estos, sin contar con el consenso de todos los partidos y sectores de la sociedad civil. Esta sombra cae sobre Puerto Rico en momentos en que la gobernadora Wanda Vázquez Garced evalúa firmar la mal llamada Reforma Electoral.  

El análisis obligado sobre la situación que enfrenta la democracia en Puerto Rico no resulta ser complejo. Cuando una organización que sale airosa en unos comicios bajo una ley apenas unos años atrás, hoy aspira a cambiar la misma, nos debe levantar mucha suspicacia sobre sus verdaderas intenciones. Esto es, sin lugar a duda, un síntoma de debilidad de su gestión gubernamental y se ve en la urgencia de mitigar su pobre desempeño y credibilidad en el manejo de la crisis que enfrentamos, con el propósito mezquino de mantenerse en el poder a toda costa y controlar los recursos económicos de nuestro pueblo. Los recientes escándalos en la compra de pruebas y contratación de servicios así lo demuestran.

Las actuaciones recientes de la gobernadora hacen reales las amenazas a la democracia, por lo que no será del todo una sorpresa el que firme el proyecto de la mal llamada Reforma Electoral. Su popularidad se ha visto seriamente lacerada y este proyecto tiene la posibilidad de hacer inoficiosas las críticas sobre su desempeño. Esto es otro síntoma que abona al hecho de que la gobernadora no confía en su fuerza electoral y en el apoyo del pueblo.  Su historial afianza el que no siempre cumple su palabra. No debemos pasar por alto que hace apenas unos meses rompió su compromiso de no aspirar a la gobernación. No hace mucho tiempo “esos” que ayuda a perpetuarse en el poder con esta ley son los mismos que le fabricaron un caso a una Secretaria de Justicia.   

Solo le recordamos que “malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo pero que con sus hechos lo traicionan” (Benito Juárez). La historia, como testigo silente, nos dejará claro en qué consistió un mal gobierno. Hay que recordar que cuando los que gobiernan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto (Georg Christoph Lichtenberg).

Repudiar esa invitación al fraude es un asunto de interés público que le compete a todos los puertorriqueños, y la emergencia en la que vivimos por el COVID-19 no puede ser excusa para cambiar las reglas electorales. Nuestra democracia tiene que estar por encima de cualquier control partidista. Hacemos un llamado al consenso en la aprobación de nuestras leyes electorales, tal y como lo hicimos con la reforma electoral del 1983. 

Las obligaciones de un líder no pueden ser cómplices de las amenazas de un tercero. Actuar con desprendimiento y que su norte sea el bienestar general, aun en los momentos más difíciles en la administración de un país, distancia los líderes del momento de los líderes para la historia. Momentos difíciles requieren de decisiones difíciles, donde se empeñe la ejecución de una conciencia libre de apasionamientos y de ataduras de los partidos políticos.  El momento histórico en que vivimos obliga a una sería reflexión, ajena a todo apasionamiento político y ambición de poder, donde se fortalezca nuestra democracia procurando la participación y consenso de todos los sectores de nuestra sociedad civil. Es evidente que, en este caso, la medicina resulta ser peor que la enfermedad. 

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