Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Enseñanzas de la memoria histórica

Los enfrentamientos recientes ocurridos durante manifestaciones estudiantiles en los alrededores del Capitolio demuestran que el Gobierno no aprendió nada de las consecuencias del entrampamiento del Cerro Maravilla.

Para quienes no lo recuerden o prefieran ignorarlo, el 25 de julio de 1978, durante la administración de Carlos Romero Barceló, se perpetró el asesinato a manos de la Policía de los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, ejecutados luego de haberse rendido y estando de rodillas y con las manos en alto.

Este caso nefasto de la historia reciente del País puso de relieve la utilización de agentes encubiertos de la Policía, personificados en aquella ocasión por el ya fenecido Alejandro González Malavé, quien embaucó a Soto Arriví y Rosado, y los condujo a su muerte en el Cerro Maravilla.

Pero no fue hasta principios de la década de los ochenta del siglo pasado que una investigación senatorial reveló el asesinato --ocultado por el Estado-- que eventualmente acabó, al menos oficialmente, con el uso de agentes encubiertos con propósitos ideológicos o partidistas.

Sin embargo, vemos ahora una modalidad del agente encubierto infiltrado entre los manifestantes en las protestas estudiantiles relacionadas con la huelga en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y destapando su cubierta al realizar arrestos abiertamente.

Lamentablemente, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, defendieron la actuación de varios agentes encubiertos que arrestaron de forma violenta a dos estudiantes durante una protesta frente al Capitolio el domingo, diciendo que la ley permite a los policías intervenir contra la comisión de un delito, aunque no estén vistiendo el uniforme.

Deben saber los funcionarios que no es lo mismo que un policía vestido de civil en su tiempo libre intervenga al presenciar un delito, que policías camuflados de manifestantes se infiltren en protestas ciudadanas para arrestar de forma violenta a estudiantes en huelga. Hay que notar que, como secuela de los incidentes del domingo, una jueza no encontró causa para arresto contra la estudiante imputada de agresión y rebajó a delito menos grave la imputación de daños a la propiedad contra el otro alumno.

En el caso del Cerro Maravilla, diez oficiales de la Policía fueron encontrados culpables de perjurio, destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia en el Tribunal de Distrito Federal. Además, en 1984, cuatro de ellos fueron convictos de asesinato en segundo grado en el Tribunal de Instancia de Puerto Rico. Todos cumplieron penas de cárcel en ambas jurisdicciones.

También, el Tribunal Supremo de Puerto Rico desaforó o suspendió a los fiscales del Departamento de Justicia que intervinieron en las investigaciones oficiales en las que exoneraron a los policías.

Tenemos que destacar igualmente que en la segunda parte de la década de los ochenta, el entonces representante independentista David Noriega, ya fallecido, destapó el escándalo de las carpetas, relacionado con la confección de expedientes policíacos contra miles de ciudadanos, mayormente independentistas, desde la época de Luis Muñoz Marín.

En los años noventa, durante la administración de Pedro Rosselló González, se indemnizó a los afectados por dicha práctica y se devolvieron o destruyeron los expedientes a través de una comisión encabezada por el ya fenecido exrector del recinto de Río Piedras de la UPR, Abrahán Díaz González.

Es altamente preocupante la reaparición reciente de las prácticas de carpeteo y persecución selectiva manifestadas en protestas estudiantiles, sindicales y ciudadanas, que nos llevan a concluir que las administraciones de gobierno, incluida la actual, no aprendieron nada de aquellos años terribles que tanta división y dolor provocaron en el País.

Los pueblos necesitan preservar su memoria histórica para no repetir los errores del pasado.

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