Julio Fontanet

Tribuna Invitada

Por Julio Fontanet
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Entre lo legal y lo político

Luego de un reclamo generalizado —tanto del liderato de su partido como de la ciudadanía en general—, el legislador Jaime Perelló renunció a su posición como presidente de la Cámara de Representantes. Ello a pesar de que no ha sido acusado ni mencionado como sospechoso por la fiscalía federal al momento en que escribo estas líneas.

Me parece que se ha convertido en muy mala costumbre el prejuzgar a las personas en la discusión pública. Pareciera que existe un impulso irresistible por responsabilizar y culpar a nuestros semejantes a base de suposiciones, de rumores o, incluso, a base de testigos de dudosa credibilidad. Recordemos que debemos juzgar a los demás como queremos que nos juzguen a nosotros.

Desde la perspectiva legal, no existe razón alguna para que una persona electa democráticamente tenga que renunciar a base exclusivamente del escenario planteado. Aún más: ello se prestaría a debilitar los procesos eleccionarios realizados hasta el presente y a influenciar indebidamente los futuros.

Claro, una cosa es el aspecto legal y otra el político. Sería ingenuo pensar que no hay diferencia y que las consideraciones son las mismas, ya sea para bien o para mal. Recuerdo cuando el candidato Carlos Pesquera quiso distanciarse de Pedro Rosselló y criticó la construcción de un caracol gigante; y Aníbal Acevedo Vilá de Sila Calderón en cuanto a uno de sus nominados al Tribunal Supremo. En ambos casos se pretendía fortalecer sus respectivas candidaturas en año electoral.

En ese sentido, un candidato que se mencione insistentemente en los medios —vinculado con conducta delictiva o con actos de negligencia en la supervisión— representa una fisura, no meramente a su candidatura misma sino, también, a otros candidatos de su partido. Ahí es, precisamente, cuando lo político afecta el proceso decisional. Los que escogen el campo político como su hábitat saben que esa es la realidad y la tienen que enfrentar.

La historia nos ha enseñado que debemos ser muy cuidadosos y no llegar a conclusiones precipitadamente, incluso en casos en que sí se presentan acusaciones. Cómo olvidar la azarosa experiencia del exgobernador Acevedo Vilá cuando se presentaron acusaciones evidentemente inmeritorias en su contra y en año electoral. Recordemos que un jurado, de manera unánime y con pocos minutos de deliberación, lo exoneró sin siquiera haberse presentado prueba de defensa. Pero, claro, políticamente el daño ya estaba hecho.

Más recientemente, habría que recordar el caso en que también injustamente se acusó a una joven abogada por un alegado fraude en la otorgación de hipotecas. Cuando la abogada, consciente de su inocencia, exigió ver el juicio —en lugar de llegar a un acuerdo—, fiscalía procedió (días antes del comienzo del juicio y sorpresivamente) a acusar a su esposo, un prestigioso médico de San Juan. Ciertamente, puede inferirseque ello pretendía ser un mecanismo de presión para forzarla a declararse culpable. Cuando ella se mantuvo firme en su alegación de inocencia, fiscalía no tuvo otra opción que proceder con el archivo de los casos criminales contra ambos. Nuevamente, el daño ya estaba hecho.

Debemos ser cautelosos no solo con los rumores y suposiciones sino, también, con las acusaciones, las cuales, lamentablemente, en algunos casos pueden responder a consideraciones proscritas. Precisamente, para ello son los procesos judiciales: para separar la paja del grano.

El asunto es más complejo bajo el crisol político; más a dos meses de una elección que podría ser cerrada. En ese escenario es entendible que un candidato a gobernador quiera proyectarse como intolerante a la corrupción dado que con ello fortalece sus posibilidades, a pesar de que la otra persona no ha sido acusada pero sí mencionada insistentemente en los medios. Ahí surge el choque entre las consideraciones legales y las políticas. La cosa se complica cuando la política —el arte del buen gobierno— incide en la decisión.

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