Benjamín Torres Gotay

LAS COSAS POR SU NOMBRE

Por Benjamín Torres Gotay
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En un cuarto oscuro

Hace poco menos de dos años, veíamos en la ley Promesa y su unigénito, la Junta de Supervisión Fiscal, la antorcha, que, agitándose su llama en la lontananza, ofrecía alumbrarnos el camino hacia un futuro de prosperidad, en el que volviéramos a ser mimados en “el mercado” y en que estuviéramos, además, libres de corrupción, mediocridad y sobresaltos verdes y maduros

Qué hermoso era todo entonces. Tenía la Junta, en aquellos tiempos que, de tanto ocurrido desde allá, parecen tan distantes, un apoyo abrumador en una sociedad agobiada por décadas de abuso desde la oficialidad, aterrada por la perspectiva de no tener con qué defenderse de la quiebra que se le derramaba encima como lava salida de un volcán y embrujada todavía por la narrativa de que todo lo llegado del norte es mejor.

El país, como la princesa encerrada en lo alto de la torre, se arrojó en los brazos de la Junta, creyendo (esa maldita costumbre que tenemos aquí) que iba a resolver todos nuestros problemas sin que nosotros tuviéramos que pasar demasiado trabajo.

La realidad no tardó en abrirse la piel y mostrarnos las sucias vísceras, con el resultado de encono, perplejidad, rabia, frustración e incertidumbre que vive hoy el pueblo de Puerto Rico.

En junio se cumplen tres años de que el entonces gobernador Alejandro García Padilla declarara la deuda impagable y dos años de la aprobación de Promesa. Dos meses después entraron en funciones los miembros de la Junta. El mes pasado cumplió un año en su cargo la directora ejecutiva Natalie Jaresko, cuyo salario de $625,000 sigue causando asombro. Dentro de tres semanas, se cumple un año de que el actual gobernador, Ricardo Rosselló, decidiera acoger el gobierno central a la quiebra, ruta a la que siguieron después varias otras dependencias públicas.

Es verdad que el huracán María significó un retraso de por lo menos medio año en todo este proceso, pero, aun así, el cuadro hoy no muestra ningún avance significativo con relación a cuando esta piedra empezó a rodar cuesta abajo: no hay ni un plan fiscal certificado, ni amague de acuerdo con los acreedores, a pesar de que se han gastado cientos de millones de dólares en ese proceso.

La Junta da directrices que causan escalofríos: reducción de entre 10 y 25% en las pensiones; triplicar el costo de los créditos en la Universidad de Puerto Rico (UPR); reducirle el 17% a los jubilados de la UPR; eliminar bono de Navidad en el gobierno y en la empresa privada; eliminar la paga por despido; cierres y privatizaciones a diestra y siniestra.

No viene directamente de la Junta, pero se inscribe en la misma narrativa del shock y la demolición: el descomunal cierre de 283 escuelas el próximo año escolar, llevando el sistema público a 828, unas 700 menos de las que había hace cinco años.

El gobernador Rosselló resiste y dice que no ejecutará ninguna directriz de la Junta que vaya contra su política pública. La UPR tampoco acata las directrices de la Junta. El Senado, mientras, aprueba por unanimidad una resolución para cortarle el flujo de fondos públicos a la Junta por dos años.

No hay muchas posibilidades de que esa medida se convierta en ley, pero la flecha está en el aire y el mensaje llegó a Estados Unidos: esto está en el punto en que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se manifiesta oficialmente dispuesto a dejar sin fondos para operar a un organismo del gobierno de Estados Unidos.

El enfrentamiento entre el gobernador, la UPR y la Junta va a terminar siendo dilucidado en los tribunales, que dirán si el organismo federal, como cree Rob Bishop, el congresista republicano no muy amigo de Puerto Rico que la aprobó, tiene el poder de obligar a las autoridades puertorriqueñas a tomar determinaciones específicas con las que no esté de acuerdo.

En medio de este tirijala, el país se siente aturdido por la vertiginosidad con la que los eventos vienen sacudiéndole. Está como el rehén al que guardan en un cuarto oscuro: suda, tiembla, celajes le rondan, sabe que en algún momento viene el golpe, o los golpes, pero no tiene claro de quién ni de qué magnitud. Está impotente, maniatado, confundido, mientras el país a su alrededor se va desdibujando, despoblando, siendo apropiado por intereses desconocidos.

Hay dos narrativas pugnando por ser la interpretación de este momento crítico de nuestra historia: están, por un lado, los que plantean que Promesa y la Junta eran la única salida posible a la crisis de la deuda y que lo que toca al país es cerrar los ojos y aguantar; están, por otro lado, los que no tienen claro qué otro mecanismo puede haber para salir de este hoyo, pero se niegan a resignarse a que la Junta y su brutal receta de coloniaje sean lo único a lo que podemos aspirar.

Promesa, por supuesto, no es la única opción que tiene Puerto Rico.

Fue, y esto es otra cosa, la única opción que nos dio el Congreso de Estados Unidos, que parece que nos considera inferior a cualquier otro pueblo del mundo capaz de resolver sus propios problemas, decidió cargar las fichas a favor de los bonistas y, no conforme con habernos mantenido como colonia desde 1898, optó por profundizar en la ofensa e intensificar la inmoralidad del coloniaje poniéndonos un guardia a velarnos.

Había otras opciones. Las hay todavía. Falta voluntad política y respeto por Puerto Rico en el Congreso, pero las hay. El Congreso puede permitir que las corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico se acojan a la Ley Federal de Quiebras, como se le pidió en 2015.

El Congreso puede hacer una asignación especial a la isla y condicionarla a que nuestros gobernantes aquí, sin ningún policía federal no electo obligándolo, hagan ciertos ahorros.

El Departamento del Tesoro podía haber garantizado nuestros bonos, como también se le pidió.

Decidieron, en cambio, desconfiar de Puerto Rico y, encima, dejarnos continuar con el simulacro de escoger gobernantes como si estos fueran a mandar algo. El resultado es lo que estamos viviendo hoy: un gobierno electo declarándose decidido a no cumplir con las directrices que le da un organismo no electo, que a su vez responde a otro organismo, el Congreso, en el que no tenemos ninguna representación.

Queda siempre la sospecha de que se trata de un teatro. Quién sabe.

Lo que sí se sabe es que hoy, a esta hora, está pasando lo que uno supone que pasaría en cualquier sitio donde corra sangre en venas: la gente que fue electa para gobernar, quiere gobernar. ¿Qué hay de malo en eso?

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