Diana Valle Ferrer

Tribuna Invitada

Por Diana Valle Ferrer
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Erradicar la violencia de género es responsabilidad compartida

Es intolerable la violencia con la que viven miles de mujeres en Puerto Rico el día de hoy. La violencia en la familia y en las relaciones de pareja es la más visible, especialmente cuando termina en el asesinato de una mujer. Pero la violencia contra las mujeres se produce no solo en la familia, sino también en la comunidad y sus instituciones; así como por el Estado.

Lamentablemente, el Estado y el gobierno en Puerto Rico, no solo perpetran la violencia, sino que la toleran. En el 2011, argumenté en una ponencia presentada en el Segundo Encuentro de Investigación y Gestión Comunitaria titulada, “La violencia contra las mujeres en Puerto Rico: ¿Emergencia social?”, que existía una embestida contra las mujeres en Puerto Rico que se manifestaba de muchas maneras, tales como los ataques de la rama judicial contra la Ley 54 (Ley para la Intervención y Prevención de la Violencia Doméstica del 1989). También hubo ataques de la rama ejecutiva, como la derogación de la Carta Circular sobre la Equidad de Género, en el Departamento de Educación, con la mal concebida campaña “Promesa de Hombre”, y la violencia de la Policía estatal contra las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.

Hoy, seguimos viviendo los resultados nefastos de esta violencia institucional contra las mujeres y nuestras comunidades más marginadas.

En el 2011, 25 mujeres fueron asesinadas en la relación de pareja y en el 2018 casi se iguala con 23 mujeres asesinadas, 51 víctimas de feminicidio y 82 agentes del Negociado de la Policía que incurrieron en incidentes de violencia de género. También continúa, y se recrudece, el hostigamiento en el trabajo: los casos del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill y del Departamento de Turismo recibieron más publicidad, pero definitivamente no son los únicos. En lo poco que va del 2019, ya son dos las mujeres asesinadas por sus parejas. Estamos presenciando aquí un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, tanto en la familia, en la comunidad y sus instituciones, así como por el Estado.

En el 2019 ya no podemos continuar esperando a que la emergencia de violencia machista se resuelva sola o seguirle poniendo parchos. Seguimos siendo discriminadas, hostigadas, agredidas y asesinadas; en la familia, el trabajo, la comunidad, por nuestras parejas, la Policía y en las instituciones judiciales y educativas. El gobierno urgentemente debe tomar una postura y acoger el proyecto de orden ejecutiva que propuso la Colectiva Feminista en Construcción, que tiene como fin la implantación de un plan nacional contra la violencia machista para enfrentar el estado de emergencia. Este plan establecería una política coordinada para enfrentar la violencia que integre las acciones de diversas agencias y organizaciones.

La violencia contra las mujeres es multidimensional y multicausal, pero no hay duda de que la violencia contra las mujeres en la familia y en la sociedad es un fenómeno con raíces en las estructuras sociales que ayudan a mantener el orden establecido de jerarquías por razón de género, clase, etnia, raza, orientación sexual y otras desigualdades. Es por esto que la prevención e intervención con la violencia de género exige que cada acción concreta por el Estado tome en consideración el entramado social estructural donde se intersecan diferentes ejes de desigualdad. Si no tenemos una comprensión cabal del problema, y no reconocemos la emergencia, seguiremos dando pasos a ciegas.

Más de la mitad de nuestra población no puede seguir siendo violentada, y es responsabilidad del Estado, de las comunidades, las instituciones, la familia y los individuos unirnos para erradicarla.

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