Francisco Moscoso

Tribuna Invitada

Por Francisco Moscoso
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Error eliminar plazas de jubilados y fallecidos en UPR

Hasta ahora, cuando un profesor o una profesora con plaza de la Universidad de Puerto Rico se jubila o fallece, la política de la Administración universitaria ha sido eliminar la plaza y, por ende, el salario asignado a ella. Ello se combina con  la política de no otorgar plazas nuevas en la proporción de las bajas y no estar acorde con las necesidades de los departamentos. Lo mismo sucede con la mayoría de las plazas de empleados administrativos no docentes. Esta política ha sido y es nefasta para la UPR.

Esta medida irracional ha conducido a la merma alarmante de docentes en los departamentos y centros de investigación.  De esta manera, los departamentos y, en consecuencia, las ofertas académicas, se han reducido dramáticamente.

Por ejemplo, en el Departamento de Historia de la UPR, Recinto de Río Piedras, donde  trabajo desde hace 28 años (aparte de otros 10 que no me cuentan para Retiro, por  labores en otros países), de diez años para acá hemos visto reducirse el número de colegas con plaza de 26 a 13. De los que quedan, la mitad están llegando a los 30 años de servicio o tienen muchos más. Es decir, se pueden retirar pronto. Y si nos reducimos a seis docentes con plaza, ¿cuál es el futuro del Departamento de Historia de la UPR-Río Piedras?

Si no se adopta una política que ponga freno a la mala práctica de eliminar las plazas automáticamente en las circunstancias descritas, estamos abocados a la auto extinción. Ese será el resultado, no solo en el Departamento de Historia, sino en otros. Además, que haya menos profesores y empleados no docentes con plaza significa menos aportaciones al sistema de retiro, con la reducción dramática que conlleva de esos fondos y el empobrecimiento eventual de los jubilados universitarios.

Propongo a todas las instancias de administración y deliberación universitaria (presidencia, Junta de Gobierno, Junta Universitaria, Senado Académico, decanatos, facultades, departamentos, unidades de investigación, etc.), que se adopte la política mitigante siguiente:

De ahora en adelante, al jubilarse o fallecer un o una colega con plaza, el salario asignado no se elimine (antes decían eufemísticamente, “congele”), sino que se coloque en consignación -como partida disponible. Eso permite realizar una convocatoria de reemplazo inmediato.  El dinero ya estaba ahí, disponible. Que se mantenga en consignación y reasigne a la nueva contratación, que dependiendo del nivel de salario del jubilado o fallecido, quizás daría hasta para dos contrataciones de reemplazo.

Esta medida evitaría al menos el desmoronamiento próximo de la Universidad.

El otro lado del problema son los  colegas con contratos de servicios - sin plaza. Algunos llevan mucho más de los cinco años considerados de evaluación para decidir si concederles plaza o no. De hecho, hay profesores bajo contrato parcial por hasta 20 años. Están  a merced de lo que los departamentos les ofrezcan cada semestre, a veces notificándoselos  a días de comenzar los semestres. No disfrutan de los beneficios marginales conquistados para las plazas, por ejemplo, plan médico y vacaciones pagadas. Cualquiera diría que  estamos arrastrando aun relaciones de trabajo esclavo o feudal.  Ello demanda justicia académica y laboral. ¿Acaso la economía de la libre empresa no depende de la libre mano de obra en condiciones justas de realización?

En realidad, para servir adecuadamente a Puerto Rico, su universidad pública requiere de muchas más plazas y recursos para actividades académicas. Pero si no atendemos ya la crisis de los jubilados y fallecidos, enterraremos a la UPR.           

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