Julio Fontanet

Tribuna Invitada

Por Julio Fontanet
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¿Es culpa de la primera enmienda?

Lo acontecido en Charlottesville el pasado fin de semana ha causado gran consternación tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. No es para menos: grupos que abogan por la supremacía racial blanca y que portan la bandera del discrimen (con la suástica correspondiente) realizaron una manifestación con un mensaje de odio dirigido mayormente a los afroamericanos, a los extranjeros y a ciertos sectores religiosos. Ello propició que uno de los manifestantes, muy activo en estos movimientos, asesinara a una joven e hiriera gravemente a 19 personas.

Como si no fuera suficiente la gravedad del incidente, la muy genérica e insuficiente reacción del presidente Trump abonó al desasosiego, que continuó en ascenso con sus distintas expresiones, algunas contradictorias, pero también dirigidas a tratar de minimizar la responsabilidad de quienes pronunciaron un discurso de odio durante la actividad.

Como consecuencia de lo sucedido, muchas personas han planteado que el problema es la libertad de expresión garantizada por la Constitución de Estados Unidos, que permite a grupos como el Ku Klux Klan marchar, congregarse y que, como parte de dichas actividades, puedan pronunciar un mensaje de odio hacia distintos sectores por razón de raza, religión y origen. Cabe preguntarse si dicha premisa es correcta. La respuesta es un rotundo no.

La libertad de expresión, que propicia la discusión de ideas y un proceso deliberativo ilustrado, es y debe ser la piedra angular de cualquier sistema democrático. No obstante, debe advertirse que no es un derecho absoluto y que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha limitado dicho derecho, por ejemplo, en los casos de pornografía, difamación y palabras de riña. La razón por la cual esta información no está protegida es porque no aporta nada valioso al mercado de ideas y causa daños a individuos o a la sociedad. Esto se ve con relativa claridad en las palabras de riña que propician acciones violentas a quienes son dirigidas.

Las expresiones de odio han estado protegidas por el Tribunal Supremo federal sustentándose en que no están canalizadas a ninguna persona en particular (distinto a las palabras de riña), por lo que son un ejercicio legítimo de expresión. Es tiempo de repensar esa trayectoria porque, después de todo, el Derecho no es estático, sino que se transforma y adecúa a base de las circunstancias sociales en que se vive. Sería muy ingenuo pensar que permitir unas expresiones de odio en la vía pública —o en los medios de comunicación— no va a propiciar una reacción violenta de quien las escucha. El genocidio realizado en Ruanda se nutrió, precisamente, de un mensaje de odio difundido masivamente y que provocó que millones de personas fueran asesinadas por razones estrictamente étnicas.

En esa dirección, la doctora Yanira Reyes, profesora de Derecho Constitucional, expresaba la necesidad de que el Tribunal Supremoestadounidense reevaluara la doctrina descrita previamente y tomara en consideración la nueva corriente internacional —plasmada en el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos—, que exige a los estados que la integran prohibir toda apología de odio racial o religioso y las incitaciones a la violencia en contra de personas o grupos por razón de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

En ese sentido, es deseable que la doctrina interpretativa de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos sea modificada para quitarle la protección constitucional a esas expresiones que tienen el resultado indefectible de generar violencia. Claro está, no se trata de limitar cualquier expresión que sea polémica, ya que podría tener algún contenido político. Se trata estrictamente de aquellas, carentes de valor social, que propician el odio racial, étnico y religioso. Lo acontecido en Virginia representa un argumento contundente; en caso de duda, veamos Barcelona.

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