Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Esencial la transparencia para la confianza pública

El país está al garete. Esa es la sensación de muchos ciudadanos que no perciben una luz al final del túnel por el que transitamos desde hace años y que se ha hecho más oscuro este cuatrienio, sobre todo desde el paso devastador del huracán María.

La percepción generalizada es de orfandad, de falta de un gobierno proactivo que tome las riendas del país, asolado por múltiples problemas y sin perspectiva de mejoría real.

Parece que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no aprendió nada del caso de Ricardo Ramos, a quien se obstinó en mantener como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica mucho más tiempo del que se merecía. Para colmo, lo sustituyó con un director que lleva ya varios meses de interinato, Justo González, curiosamente implicado en el escándalo del chat del ahora suspendido juez Rafael Ramos Sáenz, presidente de la Junta Local Electoral de Moca en 2016.

A más de cinco meses de María, que azotó el 20 de septiembre pasado, Puerto Rico continúa sin recuperar por completo la electricidad y padece de un servicio frágil y poco confiable, lo que retrasa aún más el restablecimiento de la economía, aparte de agravar la criminalidad rampante.

Con Héctor Pesquera, el gobernador Rosselló Nevares repite el patrón que siguió con Ramos en la AEE, y ese error, además de su empeño en mantener en el cargo al secretario de Seguridad Pública, va a tener un costoso precio político en el 2020.

El supersecretario Pesquera, quien devenga la friolera de $248,000 anuales -mucho más que el vicepresidente Mike Pence y que su contraparte en el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security)-, parece intocable a pesar de su evidente inefectividad en la atención de los problemas de inseguridad ciudadana y en el manejo interno de la Policía.

Son muchas las voces que han reclamado la renuncia de Pesquera, quien se muestra altanero y a la defensiva frente a los señalamientos que se hacen sobre su gestión, como los contenidos en un informe del monitor federal Arnaldo Claudio al juez federal Gustavo Gelpí, a cargo de vigilar el cumplimiento de la reforma policial.

Como si esto fuera poco, Rosselló Nevares se enfrenta al escándalo del chat de 2016 que involucra a altos funcionarios de su gobierno que entonces eran miembros de su campaña.

El escándalo del chat pica y se extiende. Ahora alcanzó a la propia secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que realiza una pesquisa sobre el asunto, también bajo investigación de la Oficina de Administración de los Tribunales y del Senado, aunque este cuerpo legislativo acordó un compás de espera de 30 días para darle espacio a Justicia.

El senador popular Aníbal José Torres, quien denunció en primera instancia el chat quele costó la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y una suspensión de su ejercicio judicial a Ramos Sáenz, trajo esta semana nueva información que involucra al esposo de la secretaria de Justicia, el juez superior Jorge Díaz Reverón y su desempeño como titular de la junta local electoral de Río Grande para los comicios de 2012, en un caso de electores encamados similar al de Moca. El entonces presidente de la CEE, Héctor Conty, posteriormente revocó a Díaz Reverón.

Esta situación debería inhabilitar de la investigación de Ramos Sáenz a la secretaria Vázquez, en vista de que el caso que decidió su esposo en 2012 trataba sobre el derecho de unos electores al llamado voto encamado, el mismo reclamo que hubo en el de 2016 en Moca.

Correspondería al gobernador sopesar seriamente la inhibición de Vázquez. Al hacerlo, estaría actuando en defensa de la transparencia de la investigación y promoviendo la vapuleada confianza de la ciudadanía.

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