Eudaldo Báez Galib

Tribuna invitada

Por Eudaldo Báez Galib
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Esfuerzos legislativos para consolidar municipios

Como consecuencia de nuestra actual crisis fiscal se ha retomado el tema de la consolidación de los municipios. Sin embargo, la controversia no es nueva. En la década del noventa se batió el asunto, pero más como eficiencia gubernamental. Entonces la reacción oficial fue lo contrario aprobándose la Ley de Municipios Autónomos, extendiendo y afincando así su autoridad.

La historia reciente consigna la consolidación de San Juan con Río Piedras en 1951, y dos segregaciones, Loíza de Canóvanas en 1970 y Florida de Barceloneta en 1971. La tendencia ha sido, en vez, a la separación. Varios barrios han intentado constituirse en municipios, como Castañer en Lares, Palo Seco en Toa Baja y el Poblado Rosario en San Germán.

En el sistema estadounidense los municipios son corporaciones mientras que en Puerto Rico, siguiendo la tradición del régimen español, son criaturas del estado. La Ley de Relaciones Federales de 1950 cede la “…facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función…” a la legislatura, lo que luego se consigna en la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA).

La sugerencia de consolidación se ha desarrollado en diferentes vertientes desde la radicación del Proyecto del Senado 1242 por el suscribiente como senador para crear la “Ley de Autorización para la Consolidación de Municipios”. En ella se atendía el asunto drásticamente, consolidando municipios tanto en su geografía, eliminando límites territoriales (colindancias), como gobierno, eliminando alcaldías, o sea, se creaba uno nuevo, de varios. La medida no fue recomendada al pleno del Senado, aunque recibió el apoyo del Banco Gubernamental, del Municipio de Caguas y gran deferencia por el de Guaynabo. Posteriormente, el representante Eric Correa del Partido Nuevo Progresista presentó legislación en el 2009 para reducir de 78 a 20 los municipios. En el 2016 el exsenador Martín Vargas Morales del Partido Popular Democrático (PPD) sometió la alternativa de consolidar algunas funciones de índole económica, pero manteniendo la estructura política.

El exrepresentante José Báez (PPD) replanteó hace poco un nuevo modelo de consolidación, pero exclusivamente del gobierno. En esa se continúa la integridad social de cada municipio, con sus nombres, pero se agrupan todas las operaciones gubernamentales en uno de ellos. Aparentemente, adopta el esquema de los 20 municipios sugerido por el exrepresentante Correa. De pasada analizó los gastos municipales. Como ejemplo, y entre ellos, los de las legislaturas (asambleas), que siendo una estructura ficticia y apéndice de los alcaldes, consumen cada cuatrienio $80,951,768.

Es evidente que la posibilidad de reconfigurar la gobernanza municipal es ninguna. Implicaría que el proceso electoral municipal habría de transformarse dramáticamente. Por ejemplo, con solo 20 municipios y sus legislaturas se eliminan 58 alcaldes, además la eliminación de ocho entes administrativos en cada uno. Y grava el asunto la exigencia constitucional de celebrase un referéndum para ratificar la ley que consolide o suprima, con la participación de todos los electores de los municipios afectados.

El 9 de abril pasado, El Nuevo Día publicó un estudio sobre este asunto producido por el Colegio de Contadores. No recomiendan la consolidación, pero mayormente por falta de datos confiables para el análisis. Sin embargo, sí proponen la consolidación de servicios y la creación de un ente superior que fiscalice a los municipios con la autoridad de revocar gestiones (¡muy similar a la Junta de Supervisión de PROMESA!).

Desde que radiqué el proyecto senatorial 1242 estamos ante la misma pared: los intereses creados y, como la unicameralidad, la indiferencia cívica de un pueblo.

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