Osvaldo Carlo

Tribuna invitada

Por Osvaldo Carlo
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Esperanza para convictos inocentes

Con el archivo del caso contra los tres convictos por la muerte de Glorimar Perez se cierra un oscuro capítulo en nuestro sistema de justicia pero a su vez se abre una ventana de esperanza para muchos convictos.

Como en el caso de Glorimar, es enteramente posible que a una persona inocente se le acuse y salga convicta en un caso criminal. En Estados Unidos se estima que entre un 4-6% de los convictos son inocentes, cálculo que también aplica a los sentenciados a pena de muerte. La estadística se traduce en sobre 10,000 inocentes convictos anualmente a nivel nacional. Esta estadística, aplicada a Puerto Rico, significa que entre 400-600 de nuestros convictos cumpliendo en los penales son, potencialmente, inocentes.

El caso de Glorimar es el primer caso que puso a prueba la efectividad de la nueva Ley de Análisis de ADN Post Sentencia, (Ley Núm. 246 de 29 de diciembre de 2015). Puerto Rico fue de las últimas jurisdicciones en los Estados Unidos en aprobar una legislación que ha sido un vehículo efectivo para exonerar a cientos de convictos, incluyendo a una veintena sentenciados a muerte.

Al momento de radicar una solicitud al amparo de la Ley 246, el convicto viene obligado a incluir una explicación detallada sobre porqué la identidad del responsable del crimen es, o debió haber sido, una controversia significativa en el caso; una justificación detallada, al amparo de la evidencia presentada en el juicio, de cómo la solicitud de análisis de ADN establecerá una razonable probabilidad de que hubiese cambiado el veredicto o fallo del Tribunal si se hubiese efectuado el análisis de ADN solicitado; deberá informar si ha efectuado todo intento razonable para identificar la evidencia que debe ser analizada y el tipo de análisis de ADN que se va a utilizar; deberá informar la evidencia específica que va a ser objeto de análisis de ADN; deberá informar si se le ha realizado algún análisis de ADN previo ya sea por la defensa o por el Ministerio Público; y, si la evidencia a someterse al análisis de ADN fue obtenida luego de celebrado el juicio, deberá detallar claramente las circunstancias de su hallazgo, quién la poseía o dónde se encontraba, quién o donde se encuentra custodiada, y el nombre de la persona, entidad privada o pública que la descubrió.

La Ley no es solo para convictos cuyas familias son pudientes. Una vez el convicto cumpla con los requisitos enumerados por la Ley, el gobierno viene obligado a sufragar los costos del proceso.

Sin embargo, para que se ordene la realización de las pruebas el tribunal tiene que quedar convencido, entre otros aspectos, de que la evidencia a analizarse está disponible y en condiciones que permitan realizar el análisis de ADN solicitado; la evidencia a analizarse cumple con la cadena de custodia, de manera que se pueda establecer su legitimidad, y que dicha evidencia no haya sido reemplazada, dañada, o alterada; que el resultado del análisis de ADN establecerá, en conjunto con la evidencia presentada en juicio, que existe una razonable probabilidad de que hubiese cambiado el veredicto o fallo del Tribunal si se hubiese efectuado el análisis de ADN durante el proceso judicial.

Y, en aquellos casos en que la evidencia fue analizada previamente con metodología de menor poder de discriminación, pero el análisis de ADN solicitado proveería resultados que son razonablemente más confiables y demostrativos de la identidad del autor o cómplice del delito por el cual se encontró culpable al peticionario, o que la misma tendría probabilidad razonable de contradecir resultados de análisis anteriores.

Es claro que, tanto abogados, fiscales y jueces, tienen que recibir el adiestramiento necesario para poder, efectivamente, entender estos procesos. Sin el adiestramiento adecuado la Ley se puede convertir en letra muerta.

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