Sonia Ivette Vélez Colón

Punto de Vista

Por Sonia Ivette Vélez Colón
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Estado de la educación especial: nuestros niños y niñas con diversidad

El 14 de febrero de 2002, así daba testimonio la portada de este periódico que por razón de estos días en cuarentena redescubrí. Tuve el privilegio, como jueza del Tribunal de Primera Instancia, de dictar la sentencia parcial en el caso que, de manera icónica, ha venido a conocerse como Rosa Lydia Vélez, el caso de Educación Especial.  La sala del tribunal estaba llena de gente, pero mejor aún, estaba llena de esperanza. 

La sentencia parcial por estipulación dictada entonces, 20 años después de presentada la demanda, ha regido, en buena parte, el manejo de la educación especial en Puerto Rico por las siguientes casi dos décadas. Entre muchas otras cosas, la misma relaciona los servicios que el ahora Departamento de Educación debe proveer en lo que fue definido como la clase demandante: “…todos los niños con impedimentos menores de 21 años elegibles o participantes en el programa de Educación Especial del Departamento de Instrucción Pública a quienes los demandados no les están proveyendo la educación especial y servicios relacionados que les garantiza la legislación de educación especial”.

Poco tiempo después de dictada la sentencia, vi con frustración cómo el incumplimiento con lo estipulado me obligaba a imponer las primeras sanciones económicas al Departamento de Educación.  Con incredulidad, ya fuera del caso y de su proceso adjudicativo, vi como en lugar de que estas sanciones fueran eliminadas, por el contrario, iban en aumento.  En los últimos años, desde la Academia, he leído, repasado y discutido en innumerables ocasiones la trayectoria y actualidad de este importante precedente de nuestra historia judicial.  

En el decursar de su desarrollo jurídico, el caso se amplió para dar paso a reclamaciones económicas de daños tanto de los miembros de la clase como de sus padres y madres, acciones impostergables luego de tantos años de lucha. Esta petición se encuentra paralizada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en atención a la acción de quiebras en la que está inmerso nuestro país y la imposibilidad de demandar u obtener un remedio económico contra el Estado. 

El Departamento de Educación en numerosas ocasiones ha sumergido en desasosiego y ansiedad a esta población. Ha tomado decisiones que han impactado duramente la clase, como han sido los cierres de escuelas, asuntos de corrupción, eliminación y corte de fondos y muchas relacionadas a los servicios. La legislatura ha contemplado piezas legislativas para la población que distan de las necesidades identificadas por quienes serán los afectados.

Hoy, con una mirada desde el distanciamiento físico y social impuesto por el COVID -19, es preciso reconocer la situación en la que han quedado muchos de nuestros niños y niñas con diversidad ante los recientes fenómenos vividos.

A pesar de los esfuerzos realizados, tenemos niños y niñas con diversidad funcional que aún no han regresado a clases este semestre, lo que les puede representar la no culminación del año escolar. No están disponibles para estos modos de acceder a los programas de educación a distancia. Muchos necesitan de equipo asistido, que quedó en el salón de clases al decretarse el toque de queda contemplado por la OE2020-023. Ello significa que no están en los hogares donde el niño los requiere para llevar a cabo la tarea asignada. Esta situación, además, ha dejado a muchos niños y niñas sin al menos una comida al día. Los servicios relacionados y terapias han sido en gran número limitadas, otras suspendidas porque deben ser provistas a distancia, con la asistencia de los padres que en muchas ocasiones no tienen la pericia o destreza para asistir; y de los mismos terapistas, en los que, por razones de falta de estructura y disminución de la remuneración, hay desánimo. Según instrucciones impartidas por la Secretaría de Educación Especial, los servicios que se ofrecerán durante este tiempo de distanciamiento físico no estarán dirigidos necesariamente a llevar a cabo el Plan de Intervención diseñado por estudiantes ni el Plan Educativo Individualizado (PEI); más bien, estos quedarán detenidos.

Es innegable la difícil situación pública, gubernamental y de servicio en atención a la emergencia de salubridad que vivimos y que vive el mundo.  Pero en cada orden que se dicte, en cada medida que se deba implementar, en cada decisión que se tome, poblaciones como estas, por su vulnerabilidad, tienen que ser prioridad en la agenda de gobernanza.  Ello hay que hacerlo por el bienestar de nuestros niños y niñas especiales y por el de sus padres que por más de 40 años luchan en la consecución de un sueño: servicios, trato justo e igualitario, calidad de vida.  

Para el caso de Rosa Lydia Vélez, fue el Tribunal guía excepcional en su desarrollo y evolución, pues a través de un remedio extraordinario diseñó y forjó la existencia de sorprendentes e impensables remedios.  Ahora no debe el tribunal minimizar la alta y estimada encomienda que mantiene en este caso. En esta coyuntura sus órdenes estructuradas, por voz del adjudicador, atendiendo las peticiones de las partes, serán sin duda guías esenciales que estas esperan. Cuando regresemos a la nueva normalidad, que el daño a esta población especial sea el menor.

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