Bryan Rojas

Punto de vista

Por Bryan Rojas
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Estado fallido ante la emergencia

El paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico demostró que la capacidad del Estado para manejar emergencias posee serias deficiencias. En gran medida, fue el apoyo y la respuesta ciudadana ante la crisis lo que encaminó la recuperación del país. El rápido accionar de los alcaldes y alcaldesas en los municipios ayudó a aliviar el desastroso manejo que produjo la centralización y operacionalización del gobierno central. Además, la poca coordinación y/o comunicación del gobierno central con las agencias federales produjo un impacto burocrático y negativo para la Isla. A más de dos años de este suceso, ¿hemos aprendido la lección del buen manejo gubernamental?

El inicio del 2020 ha traído momentos de mucha tensión para Puerto Rico. En primera instancia, la recuperación post-María continúa limitada y sin certeza de cuándo se desembolsarán la totalidad de fondos federales dirigidos a la recuperación del país; en segundo término, el impacto de los terremotos en el área sur de la Isla y el esfuerzo gubernamental para ayudar a los ciudadanos afectados; y, por último, la llegada del COVID-19 a nuestro territorio y las medidas necesarias a tomar para evitar el contagio masivo.

Desde finales de 2019, el coronavirus emergió con fuerza en la región de Wuhan, China, y desde entonces, se ha extendido por el planeta, convirtiéndose en una pandemia global. Hasta hace algunas semanas, los oficiales del gobierno de Puerto Rico descartaban la llegada del virus a nuestras costas. Las primeras expresiones del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, —un tanto enajenadas de la realidad— causaron apatía y preocupación en la ciudadanía. Es meritorio preguntarnos: ¿cómo nos libraríamos de la llegada de la enfermedad en un mundo totalmente globalizado?

La llegada del COVID-19 a Puerto Rico ha levantado serias banderas sobre la capacidad del gobierno central para manejar la crisis. A estos efectos, considero vital tres puntos esenciales para analizar: 1) la negativa de reconocer la inminente llegada del virus a la Isla y la vulnerabilidad que representaría para los ciudadanos y el sistema de salud; 2) la creación de un “task force" como voz al unísono para cubrir todo lo relacionado a la enfermedad, y la centralización que ello implicará; y 3) la transparencia en la conducción de pruebas para la detección del coronavirus por parte del Departamento de Salud y la cifra real de contagiados. Estos tres escenarios no se distancian grandemente de lo vivido luego del huracán María bajo la respuesta gubernamental del exgobernador Ricardo Rosselló. 

Capaces de analizar el impacto perjudicial que está teniendo el coronavirus por todo el mundo, la decisión tomada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre declarar un toque de queda en la Isla (OE-2020-023), me parece una medida acertada dentro de la crisis particular. El aislamiento forzoso como medida preventiva a un mayor contagio poblacional tiene sus méritos. Sin embargo, esto también representa un impacto económico al bolsillo de ciudadanos y comercios. Las medidas económicas (“bailouts”) tomadas hoy por la Primera Ejecutiva –en conjunto con las ayudas que considera el gobierno federal– son un paso importante y necesario en el largo camino que falta por recorrer contra la enfermedad.

En momentos de emergencia, el País necesita confiar en las instituciones gubernamentales y los líderes que las dirigen. Sin embargo, actualmente, ¿es este el caso? La lucha contra el COVID-19 requiere de sacrificios personales y sociales, un proceso dual entre los ciudadanos y las instrumentalidades del Estado. Es momento de exigir a los oficiales públicos y políticos, encargados del manejo gubernamental, una respuesta y accionar contundente de cara al futuro. El pueblo necesita, y merece, transparencia, efectividad y buen gobierno.

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