Manuel J. Pérez García

Punto de vista

Por Manuel J. Pérez García
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Estocada al deudor hipotecario: DLJ vs. Santiago

Después de 13 años de la peor depresión económica en la isla, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se animó a atender una figura jurídica flotante a lo largo de dicho periodo sin un solo pronunciamiento del más alto foro.

No obstante, el pronunciamiento del Supremo es desafortunado por muchas razones y, a nuestro juicio, responde más a criterios de policy que a una base jurídica sólida. Con ello no dejo de admirar las opiniones disidentes de los jueces Maite Oronoz, Erick Koltoff y Luis Estrella, pero sobre todo, la disidente de la jueza presidenta, que reluce por su corrección, precisión y claridad.

La controversia central por la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó el retracto de crédito litigioso en el caso ante la consideración del Supremo es porque supuestamente se ejerció fuera del término de caducidad de nueve días. Por esa misma razón el Tribunal de Apelaciones se niega a expedir el recurso de certiorari. 

Sin embargo, la opinión mayoritaria del Supremo (5-3) es sobre todo un Obiter Dictum porque se dedica a todo menos a resolver cuándo comienza a decursar dicho término y entra a disponer si la Ley de Transacciones Comerciales ("LTC") y el Código Civil de Puerto Rico, en cuanto a su Artículo 1425, sobre retracto de crédito litigioso, son incompatibles. Revocando toda una serie de precedentes del Tribunal, sin respetar los criterios establecidos por el propio Supremo sobre la doctrina de stare decisis, concluye que el retracto de crédito litigioso no aplica a instrumentos negociables gobernados por la LTC.

La opinión mayoritaria es errónea por muchas razones, entre otras:

1. El pagaré hipotecario en cuestión se había declarado vencido, mediante una cláusula de aceleración, por lo que la buena fe del cesionario, así como el hecho del vencimiento hacían que el pagaré en cuestión no fuera un instrumento negociable.

2. El retracto de crédito litigioso no restringe la negociabilidad del instrumento negociable (pagaré) porque opera después de que el pagaré ha sido cedido, tratándose de una forma de extinguir la obligación y no una defensa; si bien es cierto que al estar vencido el pagaré, y faltar la buena fe, caben las defensas titulares.

3. No disponiendo nada la LTC sobre el retracto de crédito litigioso, opera armónica y supletoriamente el Código Civil de Puerto Rico, como una forma de extinguir la obligación mediante el pago y no como una restricción a la negociabilidad del instrumento.

4. No hace uso de la doctrina previa para revocar precedentes judiciales, que en caso de estatutos es menos flexible que en cuanto a errores de alcance constitucional.

5. No aclara si la aplicación y alcance de la opinión es prospectivo o retroactivo, ya que la opinión impacta negativamente innumerables transacciones realizadas con anterioridad. En esa misma medida, crea una atmósfera de inseguridad jurídica que sirve para promover aún más incertidumbre en la vapuleada economía de la isla.

6. Despedaza un recurso jurídico útil y justiciero para miles de familias puertorriqueñas bajo asedio de los acreedores hipotecarios, debido a la depresión económica que vivimos hace más de una década. 

Así pues, a nuestra pregunta de umbral, contestamos, ambos: grave error jurídico y dictum.

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