Ethel Ríos Orlandi

Tribuna Invitada

Por Ethel Ríos Orlandi
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¿Es voluntaria la renuncia obligada?

Suponemos que para diseñar su Programa de Transición Voluntaria, el gobierno de Puerto Rico realizó estudios y simulaciones. ¿Cómo ahorrar mil millones de dólares en diez años sin afectar a los poderosos? ¿A cuáles sectores de la economía tiene acceso unilateral el gobierno? ¿Cómo convencer al empleado gubernamental, población seleccionada, para que renuncie “voluntariamente” a su empleo en un país sumido en depresión económica?

¿Puede existir renuncia voluntaria cuando el empleado renunciante tiene que acogerse obligatoriamente a una opción, sin conocer datos concretos ni proyecciones realistas para cada una de las alternativas que se le ofrecen?

En nuestro país, los empleados gubernamentales con los salarios más bajos trabajan esencialmente por los beneficios marginales que reciben: plan médico, plan de retiro y acceso a un colectivo de ahorro y crédito estable. Apostando a la desesperación reinante, el gobierno le ofrece al renunciante un señuelo de hasta once meses de salario. ¿Qué le espera cuando se encuentre sin plan médico, incapaz de pagar sus deudas y cubrir sus gastos, enfrentándose a las poderosas fuerzas del mercado como ente atomizado?

¿Existe alguna garantía de que los incentivos a las empresas contratantes, sean parte o no de las “externalizaciones”, le provean al renunciante un salario mayor o igual al que tenía en su empleo anterior? ¿Tendrá que aceptar salario mínimo y trabajos precarios para sobrevivir?  ¿Cuáles datos sostienen la alegación de que el programa “no tendrá un gran impacto macroeconómico”, en un país que ostenta la quinta tasa mundial de desigualdad?

¿Ofrecerá el gobierno empresarismo enraizado en conocimiento o creación de ilusiones efímeras?  ¿Se proveerán planes de negocios con estudios de viabilidad realistas, y pertinentes para cada empresa incipiente? ¿Habrá un programa de seguimiento y ajustes al negocio, sobre la base de indicadores precisos? O, por el contrario, ¿habrá visitas pro-forma al neonato empresariado, de manera que algún contratista-donante de partido pueda cobrar?

Con cierre de plazas, eliminación de beneficios marginales y externalización de funciones a empresas que operen con trabajo precario, y sin beneficios marginales, el gobierno podría bien lograr el deseado ahorro de cien millones de dólares anuales. ¿A costa de quiénes? ¿De cuáles vidas?

El gobierno conoce las consecuencias posibles y probables, de sus actos.  Si este programa del gobierno fuera un ejercicio de ingeniería social, habría que pensar que tuvo por objetivo, o daño colateral previsto, aumentar la pobreza y fomentar la emigración.

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