Anabelle Torres Colberg

Punto de vista

Por Anabelle Torres Colberg
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Exigen acción al gobernador … ¿y a Yulín?

La vorágine que hoy sufrimos, a consecuencia de las múltiples investigaciones federales sobre funcionarios públicos y/o contratistas gubernamentales, desafortunadamente no es ajena a nuestra historia política. Bajo administraciones de ambos partidos hemos sido testigos de cómo la corrupción y el desempeño cuestionable de los funcionarios ha sido el tema principal de las campañas previo a un evento electoral. Precisamente porque cada vez resulta más patente la decadencia de la administración pública, y la falta de credibilidad hacia los políticos, en los últimos 20 años hemos establecido un patrón de cada cuatro años cambiar al gobernante. Esto nos ha enseñado que, aun cuando la intención es cambiar, realmente no cambia nada.

Por las pasadas 48 horas, Puerto Rico ha estado paralizado por la saga de Raúl Maldonado y su hijo Rauly. Recordaremos que en enero de 2019 explotó el escándalo de los contratos de entidades vinculadas al hijo de Raúl Maldonado (Rauly) en el Departamento de Hacienda y otras agencias. La situación levantó serios cuestionamientos sobre conflicto de interés y de legalidad. En ese periodo, renunció como secretaria de Hacienda Teresita Fuentes, quien en una carta aludió a asuntos que estaban ocurriendo en el Departamento como razón de su salida. Ante este escándalo, el gobernador no solo optó por respaldar públicamente a Raúl Maldonado, sino que lo nombró para ocupar múltiples posiciones en la administración, incluyendo nuevamente la de Secretario de Hacienda. De manera coetánea, tanto una ola azul como la alcaldesa popular Carmen Yulín salieron a defender los contratos de Rauly, destacando según ellos su gran talento y capacidad profesional.

El 24 de junio de 2019, el país quedó atónito con declaraciones públicas de Raúl Maldonado, en las que denunció que colabora con una investigación federal por actos ilegales que ocurrían en su departamento. A consecuencia de la denuncia, el gobernador despidió a Maldonado, aduciendo su acostumbrado “yo no sabía”, sobre una alegada “mafia institucional” en Hacienda, aludida por Maldonado. Poco después, surgieron en las redes sociales una serie de mensajes publicados por Rauly en los que ataca directamente al gobernador de haber cometido supuestos actos constitutivos de corrupción y aseguró que estuvo presente en una alegada reunión en la que había participado el gobernador, su padre y un ejecutivo de la empresa BDO, en la que supuestamente se reclamó cambiar un reporte sobre una entidad que brindó ayuda tras el paso del huracán María porque los hallazgos perjudicaban a la primera dama. 

No hay duda de que el gobernador está sufriendo el momento más neurálgico de su administración, y como una pelea de boxeo, el Partido Popular Democrático (PPD) está aprovechando un casi “knockout” para caerle encima y proyectarse como la alternativa electoral en el 2020. El libreto utilizado por el PPD es de la clásica estrategia política. No obstante, previo a enfrentarse a unaelección contra el PNP con Rosselló como candidato, el partido tiene una primaria a la gobernación de varios candidatos, entre ellos la alcaldesa de San Juan.  

Si el PPD está tomando como ciertos los mensajes de Rauly para exigirle al gobernador renuncias y explicaciones, significa que creyó que tanto el gobernador, Rauly y BDO participaron de un alegado esquema de corrupción. Sin embargo, en esa interpelación pública ha estado ausente la alcaldesa de San Juan, quien defendió en enero los contratos de su municipio con corporaciones ligadas a Rauly, y hace apenas unos días defendió el contrato del municipio con BDO. Cabe preguntar, ¿esto contratos se cancelaron?

El PPD, al igual que el PNP, tiene en sus haberes su propia historia de acusaciones federales y convictos por corrupción. Si realmente interesa que se le tome en serio como alternativa, tiene que comenzar cuestionándole y exigiéndole a sus propios candidatos una sana administración pública y propuestas puntuales sobre cómo atender la plaga de corrupción que tanto ha dañado la credibilidad de nuestras instituciones. De lo contrario, resulta solo un ataque politiquero, y podremos concluir lo que casi todo puertorriqueño expresa con pesar: “es que todos son iguales”. 

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