Rafael Aragunde

Tribuna Invitada

Por Rafael Aragunde
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Exijamos la asamblea constitucional

Lo que viene ocurriendo en esta semana y media no tiene paralelo en nuestra historia. No se dio antes y, desde luego, no podemos estar seguros sobre una repetición en el futuro. El acuerdo que se respira en todo Puerto Rico sobre la necesidad de que haya un cambio en su dirección política es superior al que se experimentó con respecto a Vieques y no debe desperdiciarse. 

Se trata de un sentimiento que los políticos no han podido controlar, que las diferencias en torno al estatus no han podido socavar y que los temores que supuestamente nos han acompañado a través de la historia no han podido frustrar. 

Se trata de una posibilidad única de reivindicar la soberanía que nunca hemos ejercido y que, si no aprovechamos la circunstancia, podríamos condenarnos a no ejercerla jamás. 

No hemos reclamado nunca tal derecho y, dadas las circunstancias, esta podría  ser la ocasión en la que lo hiciéramos. Pero como corresponde, no a través de manipulaciones partidistas que ya se sienten, sino a través de una expresión firme de la sociedad civil de que nuestra ciudadanía necesita hacerse responsable de todo lo que le compete. 

Los siglos de colonialismo, las recientes décadas en las que la mayoría nos hicimos de la vista larga con respecto a un ordenamiento jurídico que nadie debió haber tomado en serio desde que en sus comienzos se subordinó al Congreso de los Estados Unidos, y la más reciente imposición de la Junta de Control Fiscal, constituyen una herencia vergonzosa que tenemos que superar y este es el momento.

Nadie está velando por nuestros intereses. Ni el Congreso que tiene secuestrada la soberanía, ni la Junta de Supervisión Fiscal que se ha apoderado de nuestro desarrollo económico, ni la clase política tan frívolamente representada por los interlocutores del chat, están interesados en el país.  

La sociedad civil les tiene que exigir al gobernador y a representantes y senadores que se legisle inmediatamente para elegir una asamblea constitucional que no se controle por los partidos tradicionales. Esta asamblea atendería con responsabilidad el asunto de la soberanía, e igualmente las bases de una democracia social que fomente la convivencia justa y pacífica que nos merecemos.

En esta dinámica que atravesamos, una asamblea constitucional que tome en sus manos el asunto del status debe ser del interés del gobernador y de los legisladores de los tres movimientos históricos que vienen disputándose nuestro futuro. 

Representantes de la opción que triunfara podrían ir entonces a Washington a negociar con la fuerza de una expresión contundente de un país que ya no está dispuesto a tolerar la ignominia a la que se sigue sometiendo. Más que la renuncia del incumbente, nos debe interesar construir la zapata de un orden soberano en el que naturalmente habría procesos para deshacernos de gobernantes irresponsables. 

Exijamos una asamblea constituyente sin intervención del Congreso en esta nuestra primavera.

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