José Andreu Fuentes

Punto de vista

Por José Andreu Fuentes
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¿Exonerada Julia Keleher por el Supremo federal?

Todos recordamos que el pasado verano la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, fue acusada criminalmente por un gran jurado. Gran parte de la opinión pública juzgó culpable a la Sra. Keleher, al punto de que esta fue objeto de vituperios públicos e intentos de agresión por un grupo de ciudadanos cuando compareció a su primera vista en el Tribunal Federal. Además, dichas acusaciones fueron parte de las razones por las cuales se obligó al gobernador Ricardo Rosselló a renunciar.  

Sin embargo, ahora resulta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos puede haber exonerado a la Sra. Keleher de todos esos cargos criminales, como resultado de su reciente decisión en el caso de Kelly v. US, resuelto el pasado 7 de mayo. En dicha decisión el Tribunal Supremo federal resolvió que para establecer el delito de conspiración para cometer fraude por medios electrónicos (“wire fraud”) por el que se le acusa a la Sra. Keleher, es necesario probar que el esquema fraudulento imputado en la acusación se llevó a cabo con la intención principal de privar al gobierno, o a un tercero, de dinero o propiedad. En otras palabras, que no basta para probar el delito con establecer que se actuó de forma deshonesta o en violación a los procesos o reglamentación interna, a menos que se demuestre que el esquema se realizó con el propósito de privar al gobierno, o alguna otra víctima, de su dinero o de su propiedad. Dejó claro el Tribunal Supremo que esquemas de favoritismo o motivados para beneficiar a terceros indebidamente no son suficientes para probar el delito de “wire fraud”, si no se establece que se llevó a cabo con la intención de beneficiarse económicamente del dinero o la propiedad de la víctima 

El problema es que los cargos que se le imputan a la Sra. Keleher al otorgar indebidamente unos contratos a las compañías Colón & Ponce y a BDO Puerto Rico no alegan ni establecen que fueron cometidos con el propósito de privar al gobierno, o a algún tercero, de dinero o propiedad, ni que la Sra. Keleher hubiera recibido algún beneficio económico a cambio de otorgar los contratos. Todo lo que se alega en la acusación es que dichos contratos se otorgaron sin cumplir con las normas internas de contratación y que los mismos estuvieron motivados por favoritismo político. Sin embargo, ese tipo de alegación es precisamente la que el Tribunal Supremo federal acaba de establecer que por sí sola es insuficiente para sostener los delitos criminales imputados a la Sra. Keleher.  

En su reciente decisión, el Tribunal Supremo dejó claramente establecido que estos delitos no tienen el propósito de criminalizar cualquier acto de deshonestidad o conducta indebida de parte de funcionarios públicos cuando no exista el propósito de beneficiarse económicamente. Mas aún, en dicha decisión los jueces del Tribunal Supremo de forma unánime expusieron claramente que no les corresponde a los fiscales federales usar estos delitos para establecer estándares de buena gobernanza o sana administración pública a los funcionarios gubernamentales locales, pues ello equivaldría a ampliar indebidamente la jurisdicción criminal federal.  

La pregunta entonces es ¿exonerarán a Julia Keleher de estos cargos? Parecería que lo pautado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le beneficiará, pero solo el tiempo dirá.

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