Mayra Montero

Antes que llegue el lunes

Por Mayra Montero
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Febrero y sus miles de millones

La gobernadora tiene que aclarar si es cierto que el gobierno federal ha desembolsado miles de millones de dólares, de los que tan solo se ha utilizado una ínfima parte, dado lo cual la Casa Blanca aduce que no asignará más dinero.

Se insiste, desde Washington, en que el gobierno de Puerto Rico no cuenta con la estructura para diligenciar el gasto, y en consecuencia los millones siguen estancados.

¿Cuál es el sentido de mandar más dinero que correría la misma suerte?, se preguntan.

Wanda Vázquez y sus asesores tienen que hablarle al país. Aclarar si eso es cierto, o si, por el contrario, es otro de los tantos enredos con respecto a la distribución del dinero federal.

Desde cualquier punto de vista, son sumas gigantescas las que están en juego. Yo a veces oigo por televisión las noticias acerca de catástrofes que ocurren en otros países, y los fondos de emergencia que asignan los gobiernos, pero siempre se habla de $400, $500, $600 millones, casi nunca oigo hablar de esas cifras alucinantes de $15,000 o $22,000 millones. Lo digo porque parece que nos hemos acostumbrado a escuchar esos números, y los asumimos con una naturalidad pasmosa. La Cámara federal acaba de aprobar una medida que asigna $4,890 millones de emergencia para Puerto Rico, que se dedicarían a mitigar los daños del terremoto, pero el Senado, controlado por los republicanos, ha advertido que no dará paso al desembolso porque en las arcas públicas de la Isla queda mucho dinero federal que no se ha usado.

¿Quién tiene que aclararlo todo? La gobernadora, lógicamente. Ya sé que ella llegó el otro día, pero algún funcionario, algún asesor, tendría que haberle informado a estas alturas cuál es la realidad de los fondos que han llegado, los que no se pueden tocar, los que están disponibles, o los que ya se perdieron por negligencia.

Los republicanos añaden, asimismo, que sin un informe de FEMA es prematuro ese proyecto de la Cámara, pues tenían que haber consultado con dicho organismo cuántos miles de millones quedan por desembolsar. Es como si los congresistas en la Cámara se hubieran precipitado, a sabiendas de que el presidente Trump iba a vetarles el proyecto, una garata más para animar el año electoral.

Tendrán que expresarse unos y otros. A lo mejor quien lo hace es el contralmirante Brown, quien según la Comisionada Residente, “es un enlace” entre el gobierno local y el federal. Y todos sabemos que no es ningún enlace, no nacimos ayer, no es un mero comunicador, cómo va a ser con todos los galones, es un individuo que va a estar generando órdenes y trazando política pública.

Lo que sí me extraña, pero no me extraña, es que los partidos políticos, los cinco que se presentarán a los comicios, estén rehuyendo ese debate; una conversación abierta con los ciudadanos sobre cuál es el impacto de la llegada de ese personaje en el marco de sus respectivas plataformas políticas, y los controles que se verán obligados a aceptar. Ellos saben que los miles de millones amarran a la isla a una serie de requisitos y comportamientos. Que no se pueden salir del libreto escrito por FEMA o el Departamento de la Vivienda federal. Tal disciplina derriba muchas de las promesas que siguen haciendo de la manera más irresponsable. Mientras más dinero se solicite, mientras más dinero llegue, y mientras más fondos se diligencien en Washington, más pesada será la losa colonial.

Me resulta complicado entender a qué están jugando algunos candidatos, de espaldas a la realidad. Lo de la agricultura que no despega, pero que aparece en todos los formatos políticos como la gran novedad para asegurarnos la autosuficiencia alimentaria, es un fiasco. La gente va al campo, y se dedica al campo, por una vocación muy especial. Pero los que tienen esa vocación, que pueden ser bastantes (conozco algunos), no son sin embargo suficientes para levantar una industria agrícola. El ejército de braceros que sí levanta una industria acude al campo por necesidad, para poder comer, o por obligación académica. Me refiero a los centros educativos que les exigen a los estudiantes un mes de trabajo en el campo para aprobar un curso, algo que aquí no existe.

Esa es la realidad. El que pueda evitarlo, ni va a recoger café ni a recoger tomates.

La semana pasada, este periódico contaba de las dificultades para que la gente acudiera a salvar las cosechas del suroeste. Al principio se interesaron muchos, pero el gerente de una de las fincas resumió el triste desenlace: “Llamaban 120. Cuando los invitábamos a la charla venían 50, cuando íbamos a empezar llegaban 25, y a los tres días quedaban 15”.

Se me dirá que la paga no es buena: $7.25 la hora. Pero no pierden la tarjeta de la familia ni otras ayudas. Reciben un “bono agrícola” y el pago del Seguro Social y el desempleo. No se les podría pagar $15 la hora, porque un tomate del país tendría que venderse en $10.

No obstante, en la agenda de los partidos sigue apareciendo la luminosa promesa de la agricultura, sin profundizar en sus dificultades. Ningún político discute lo que pasó ahora mismo en el suroeste, y ninguno recogió un pimiento. Escriben y escriben ilusiones, pero no las fundamentan con datos, con estadísticas, con proyecciones legítimas, de carne y hueso.

De hecho, prometen una desobediencia gubernamental que, a más fondos, a más miles de millones, menos van a poder lograr. Esto es febrero.

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