Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Fideicomiso como balón político

El proceso expedito (“fast-track”) con el que la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares intenta politizar una institución de excelencia como el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico atenta contra una entidad independiente que ha servido bien al País.

Detrás del Proyecto de la Cámara 1122, enviado por la Fortaleza el 12 de junio, está la sed de venganza del secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, despedido el cuatrienio pasado del cargo de gerente de desarrollo de negocios del Fideicomiso.

Aunque Laboy lo niega, curiosamente la medida, dirigida a que el gobierno tome el control administrativo del Fideicomiso, incluye la remoción de su directora ejecutiva, Lucy Crespo, y del director de operaciones, Iván Ríos Mena, responsables del despido del actual miembro del gabinete de Rosselló Nevares.

La toma por asalto de una organización tan valiosa como ha sido el Fideicomiso es una página negra en la historia científica de Puerto Rico, y la politización de sus operaciones pone en riesgo de perderse más de $60 millones otorgados por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Los fondos fueron asignados precisamente por la condición de entidad independiente que hasta ahora ha tenido el Fideicomiso.

Para quien dude del valor científico del Fideicomiso, es preciso señalar que el año pasado, el CDC le otorgó cerca de $50 millones para que su nueva Unidad de Control de Vectores investigara las enfermedades causadas por el mosquito Aedes Aegypti (dengue, zika y chicungunya).

Los centíficos del organismo también tienen en proceso investigaciones sobre el cáncer y el asma, entre otras enfermedades.

Uno de los argumentos de la legislación de Rosselló Nevares es que hay que enfocar al Fideicomiso hacia proyectos de desarrollo económico.

Pero, lo que no se dice es que el Fideicomiso hace precisamente eso, pues otorga asignaciones para investigaciones y les ayuda a obtener fonos federales o privados para sus propuestas, además de guiarlos en el proceso de patentar sus inventos y en el de comercializar sus productos.

¿Cuál era la prisa de presentar esta legislación?

¿Porqué se aprobó en apenas dos semanas justo al final de la primera sesión ordinaria de la Legislatura este año?

¿Porqué cambiar una estructura que funciona bien para convertirla en un brazo político del gobierno?

¿A quién se quiere favorecer con esta vendetta del señor Laboy?

Hay que destacar el reconocimiento que ha recibido la labor de Lucy Crespo y de Ríos Mena en la dirección del Fideicomiso para llevarlo al lugar de respeto que ocupa hoy en la comunidad científica a la que apoya.

Los fiduciarios privados del organismo pidieron en días pasados al gobernador Rosselló Nevares un diálogo amplio sobre el futuro de la entidad y plantearon en una carta que “no existe justificación basada en mérito” para la destitución de Crespo como directora ejecutiva.

Ojalá que el gobernador escuche los planteamientos de los fiduciarios privados de que la estructura propuesta “no atraerá a las mejores mentes con peritaje de clase mundial” que el País necesita y entienda que la credibilidad del Fideicomiso es “crítica para el actual y futuro éxito de Puerto Rico en la economía global del conocimiento”.

Con tantos problemas urgentes que agobian al País, ¿porqué perder el tiempo tratando de cambiar algo que funciona bien y le sirve con excelencia, como es el Fideicomiso de Ciencia?

Sin duda, las consecuencias serán desastrosas.

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