Kenneth McClintock

Tribuna Invitada

Por Kenneth McClintock
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Fin a la fantasía política

La decisión de la jueza federal especial Laura Taylor Swain que desestima la demanda presentada por el liderazgo legislativo para complementar la demanda radicada por el gobernador Ricardo Rosselló, con argumentos que solo la Legislatura podía formular, demostró que al gobierno democráticamente electo por el pueblo, como territorio, solo le queda el derecho al pataleo.

Nótese que me refiero a Taylor Swain como jueza federal especial. ¿Por qué? Porque la Ley Promesa establece que hay decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal que ningún tribunal, estatal o federal, ni el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, puede revocar. Ninguno. Aquellos casos que emanen de Promesa y que sean justiciables, serán atendidos, no por los jueces federales que componen el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, todos puertorriqueños, sino por una jueza de distrito seleccionada especialmente por el Juez Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. En otras palabras, los casos de Promesa podrían ser atendidos por cualquier juez federal menos por los de Puerto Rico.

De hecho, no hemos visto que los jueces más respetados en Puerto Rico a través de los años, los siete jueces vitalicios del Tribunal Federal, hayan expresado, individual o colectivamente, oficialmente, personalmente o en un “dictum” en un caso apropiado, su opinión sobre lo que, a todas luces, es un acto de discrimen en su contra. El juez Roberts, quizás avergonzado, entre los cientos de jueces federales de distrito elegibles, escogió a una mujer, negra, y residente de Nueva York, el estado con mayores relaciones históricas con nuestro territorio. Nuestros jueces federales, altamente respetados por la mayoría de los puertorriqueños, y conocidos todos por tomar posiciones valientes en distintas etapas de sus carreras, debería dar a conocer su parecer sobre la exclusión de la cual son objeto bajo Promesa.

No debe sorprender a nadie que la jueza Taylor Swain, siguiendo los más recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre Puerto Rico, reitera que el Congreso puede hacer sobre Puerto Rico virtualmente lo que le dé la gana porque, hasta que seamos un estado federado o un país, el Art. IV, sección 3, cláusula dos de la constitución de nuestro país así se lo permite.

Cada año que está vigente la Ley Promesa presenciamos más ejemplos de instrumentos de autogobierno que perdemos a manos de la Junta de Supervisión Fiscal. El año pasado, descubrimos que la Junta —no la Legislatura y el Gobernador electos por el pueblo— determina el uso de los fondos públicos a través de la aprobación del presupuesto. Este año, la jueza Taylor Swain nos aclara que la Junta tiene el derecho de presionar a la Legislatura para que adopte políticas públicas que ni el Gobernador ni la Legislatura realmente quieren.

Cada año, descubriremos algo más que nos quitan hasta que Puerto Rico entero emprenda la tarea de resolver permanentemente la situación, ya sea apoyando la iniciativa de la comisionada residente, Jenniffer González, para lograr la admisión a la unión estadounidense, que la mayoría queremos, o luchando por la independencia, pero sin refugiarse en alternativa fantasiosa alguna.

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