Héctor J. Berdecía Hernández

Tribuna Invitada

Por Héctor J. Berdecía Hernández
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Foco al patrimonio y a la prevención para evitar otros desastres

La semana pasada, algunos ciudadanos retrataban los preparativos de los residentes del Viejo San Juan ante el inminente paso del huracán Irma. Se observaron dueños de las propiedades colocando paneles de madera, tormenteras o cualquier material que tuviesen a su disposición para poder proteger ventanas, puertas y balcones de la ciudad murada, patrimonio nacional. 

El miércoles en la mañana habían caído varios aguaceros en el casco histórico y ya se veían calles inundadas. ¿Qué hubiese pasado si Irma de categoría 5 hubiese arrasado con la Isla? ¿Puerto Rico está realmente preparado para disponer de manera adecuada de su patrimonio en caso de una situación de desastre?

Esta interrogante con respuesta evidente revoloteaba en mi mente durante los preparativos ante el paso del fenómeno atmosférico. La protección adecuada del patrimonio cultural en momentos de desastres es y ha sido un tema de conversación recurrente a nivel internacional. Sin embargo, no se habla, ni es mencionado en Puerto Rico.  

En 2014 los países de la región del Caribe establecieron el Plan de Acción del Caribe para el Patrimonio Mundial 2015-2019, el cual contiene como parte de sus objetivos la reducción del impacto climático mediante el aumento de las capacidades de gestión de riesgos. Mediante esto y ante el embate del cambio climático la región entendió como prioritario el establecimiento de protocolos para proteger el patrimonio cultural. Puerto Rico estuvo ausente de estas conversaciones.

El cambio climático; que ha producido fenómenos atmosféricos más fuertes, es sin duda alguna una de las grandes amenazas a nuestro patrimonio cultural. A pesar de que Puerto Rico cuenta con cientos de propiedades reconocidas tanto a nivel estatal y federal como lugares históricos, no se considera en los planes estatales y municipales el manejo del patrimonio de manera preventiva y luego de un desastre.  Los custodios del patrimonio construido, sea desde el gobierno o el sector privado, hacen lo que creen que es pertinente para protegerlo o simplemente ignoran el asunto. La mayoría de los reglamentos y códigos existentes tampoco se cumplen.

La UNESCO recomienda el establecimiento de un Plan de Gestión de Riesgo de Desastres. Entre los beneficios que se desglosan están la contribución a comunidades vulnerables conservando su desarrollo; la difusión de los conocimientos tradicionales de construcción y planificación que pueden ayudar a prevenir o mitigar y a hacer frente a situaciones de desastres; y, por último, su costo efectividad, pues es mejor mitigar y prevenir que invertir grandes sumas de dinero en recuperación luego de un desastre.

Luego del paso de tres huracanes y un terremoto en menos de nueve días, sumado al inminente recorte de $190 millones por parte de la administración Trump en 2018 a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), junto a programas subsidiarios como el Environmental Planning andHistoric Preservation Program, existe una gran urgencia de establecer un Plan conjunto entre el gobierno federal, estatal, los municipales y las comunidades para el manejo preventivo, durante y luego de un desastre natural para nuestro patrimonio edificado.

Nuestros hermanos del caribe y de los estados costeros en los Estados Unidos ya están teniendo esta conversación. Puerto Rico, tan vulnerable al cambio climático y a los desastres naturales, no puede seguir ignorando y posponiendo este asunto que tarde o temprano tocará nuestra puerta. 

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