Juan Lara

Punto de vista

Por Juan Lara
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Fondos federales, pero con restricciones

El jueves pasado, el gobierno de Estados Unidos nos dio dos noticias buenas y una mala. Las buenas son la declaración de zona de desastre para seis municipios del sur afectados por el terremoto del 7 de enero y la acción para desbloquear el desembolso de miles de millones de dólares de fondos federales prometidos hace más de un año para la mitigación de los daños causados por el huracán María.

La mala noticia es que las autoridades federales impusieron una lista de restricciones fuertes al uso de los fondos relacionados con los daños causados por el huracán. Las restricciones pueden obstaculizar el flujo de los fondos y retrasar aún más el esfuerzo de reconstrucción, que ya viene a paso demasiado lento precisamente por la inacción de las agencias y funcionarios responsables en Washington.

La alegada justificación para las nuevas restricciones ya la hemos oído antes. Se dice que al gobierno de Puerto Rico no se le puede confiar la gestión de una suma tan grande de dinero, y se citan los notorios casos de corrupción y malos manejos que todos conocemos. Pero eso no puede seguir siendo una excusa para que las autoridades federales detengan el movimiento de recursos que necesitamos para salir del estado de vulnerabilidad en el que se encuentra nuestra infraestructura más esencial.

Una acción positiva ha sido el nombrar un monitor federal para el manejo de los fondos a cargo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). Pero los federales han ido mucho más allá, imponiendo otras condiciones que no van a ser de fácil cumplimiento, aun si el gobierno local se esmera en hacerlo todo bien.

Por ejemplo, se exige que el gobierno avance a completar su base de datos sobre el registro de propiedades y parcelas para que las personas que reciben ayuda no cometan fraude proveyendo información falsa.  Hace ya años que se está trabajando en la actualización del registro de propiedades, pero no es un proceso que se pueda realizar en poco tiempo y no es razonable privar a los damnificados de la ayuda que necesitan hasta que se concluya esta tarea.

Otra exigencia que puede atrasar los desembolsos y no ayuda en nada a mejorar la gestión de los fondos es que la Junta de Supervisión Fiscal tenga que certificar que los proyectos a financiarse están en armonía con el plan fiscal y el presupuesto aprobado para el gobierno local. El plan fiscal es una cosa y la reconstrucción después de los desastres naturales que nos han tocado es otra. A la Junta le atañe lo primero, pero no tiene por qué figurar en lo segundo. Para eso está el monitor que acaba de nombrar HUD.

También se exige añadir personal y procesos a la administración del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, lo cual podría ser una buena idea si se proveyera el tiempo y los recursos para hacerlo, pero a corto plazo será un obstáculo para la realización de los proyectos que necesitan las personas y comunidades.

Además de estas exigencias, contenidas en los lineamientos que se anunciaron el jueves, está en pie desde hace más de un año el requisito de que el gobierno local llegue a un acuerdo con FEMA sobre la lista de proyectos y los costos finales de los mismos. Este ha sido un requisito muy difícil de cumplir, y en más de una ocasión se ha tenido que revisar la fecha límite para hacerlo.

En fin, el gobierno federal no le está haciendo el proceso fácil al gobierno local. Pero eso no debe ser tampoco excusa para dilatar las gestiones que les toca hacer a las autoridades locales. Se presenta la oportunidad de acelerar la reconstrucción y darle un nuevo estímulo a la economía local. Hay que aprovecharla.

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