Héctor M. Pérez Acosta

Punto de vista

Por Héctor M. Pérez Acosta
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Fórmula para detener las matanzas

Desde hace mucho tiempo es predecible. Se produce la ya acostumbrada matanza en un residencial, en una vía pública o en cualquier otro lugar o calle. Dependiendo del número de muertos, por convocatoria directa y urgente de la primera figura gubernamental del país, se reúne el alto mando de la Policía y demás autoridades relacionadas con la seguridad pública, “para trazar planes y atacar el problema en las calles”. 

Predecible es también la consabida conferencia de prensa que se celebra con posterioridad a la reunión y es igual y tristemente predecible el contenido de los planes que se esbozan y comunican como un gran logro. 

Más policías a la calle - no se dice dónde se consiguen -, una “nueva academia” - así le llaman - que se ha anunciado no se sabe ya cuántas veces, la posible movilización de la Guardia Nacional, la ayuda y colaboración incondicional de las autoridades federales, con la creación de los llamados “tasks forces”, la solicitud de cooperación a los ciudadanos que pudieran saber de los hechos y siga usted sumando. 

Lo que no es predecible es que esas mismas autoridades, en un genuino ejercicio de honestidad intelectual, se paren frente a los mismos miembros de la prensa y a través de estos, admitan al pueblo ya de una vez y por todas que con esos viejos enfoques, estilos y trillados planes, no se puede combatir la criminalidad. 

Más aún, deben sincerarse con sus consciencias y con la gente y decirles la verdad que esa misma gente - nosotros- esperamos escuchar de ellos desde hace tiempo, porque la sabemos: esas grandes o pequeñas matanzas, según uno las cuente para llamarles “masacres”, en su gran mayoría tienen su génesis y explicación en el enfoque puramente punitivo de la drogadicción. 

Hace más de cuatro décadas, el entonces juez asociado del Tribunal Supremo, honorable Marco A. Rigau Gaztambide, por vía de una opinión disidente, en Pueblo v. Tribunal Superior, 104 DPR 650 (1976), expresó su insatisfacción por la forma en que nuestra sociedad había estado tratando el “asunto de las drogas prohibidas” y exponiendo, a su vez, interesantes ideas o propuestas con la intención o expectativa de que el “problema” pudiera “reducirse a proporciones manejables y tolerables”. 

Igualmente, el juez federal, honorable Juan R. Torruella lleva décadas abogando por la “despenalización de la droga”. Pero nada ha cambiado. 

Estoy convencido y al igual que yo, muchos puertorriqueños, de que la única forma de detener los “baños de sangre” en nuestras calles y comunidades es a través de una bien pensada y ejecutada despenalización de las drogas. Lo demás, es seguir dándole “vueltas a la noria” mientras nuestros jóvenes siguen muriendo en las calles por una clara impericia gubernamental. 

Frente a este cuadro, la pregunta que surge o que debemos hacernos, con las expectativas de obtener respuestas inteligentes, es qué poderes hay tras bastidores que han impedido, décadas tras décadas, que se adopte el enfoque salubrista para atender el problema de las drogas. 

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